Desde entonces, las voces disonantes se han intentado solapar en la Diputación, que ha anunciado esta misma semana el impulso de un plan foral que diseñará la nueva estrategia de Álava en materia de energías renovables. «Somos una piña», zanjó el teniente de diputado general, el jeltzale Claudio Rodríguez. De hecho, ya han destinado 38.000 euros para contratar una consultoría.
El problema es que este documento no tendría validez jurídica frente al Plan Territorial Sectorial (PTS) de la Energía Eólica del Gobierno vasco. Por ello, el objetivo inmediato del Departamento foral de Medio Ambiente, en manos de EA, pasa por pedir a Industria que, «por favor», suspenda los procesos administrativos ya iniciados hasta contar con el nuevo plan.
Sus técnicos ya han remitido un primer informe a Lakua en el que advierten, en el caso de Arkamo, de que la instalación de aerogeneradores tendría una «magnitud crítica» en el entorno. Además, puntualizan que, tras la aprobación del PTS, han entrado en vigor «siete nuevas leyes» 'ad hoc'. Uno de sus argumentos mira a Ordunte, en Vizcaya, donde el parque planificado se paró pese a que «su impacto era menor a los tres de Álava».






