Los partidos que sustentan el Gobierno vasco, PNV, EA y EB, EHAK y Aralar han frenado una vez más el intento de socialistas y populares de limitar la concesión de subvenciones públicas a las asociaciones que expresen su rechazo a ETA como vía para "deslegitimar ética y políticamente" la violencia terrorista. El tripartito ha rechazado esta iniciativa al entender que supondría una "discriminación" fuera de la ley.
PSE y PP han consensuado una propuesta parlamentaria para solicitar al Gobierno vasco que excluya de sus convocatorias públicas de subvenciones a aquellas asociaciones y entidades que "se nieguen a condenar el terrorismo o amparen o promueva de manera habitual actividades de apoyo a quienes lo practican", y revoque dos subvenciones otorgadas este año a Etxerat por un monto total de 16.000 euros. Socialistas y populares ya habían planteado esta demanda con anterioridad también sin éxito.
El parlamentario socialista Jesús Loza ha afirmado que la desaparición del terrorismo precisa de su "deslegitimación activa desde un punto de vista ética, política y social", y ha considerado que resulta contradictorio que el tripartito comparta la necesidad de dicha deslegitimación y apoye al mismo la concesión de subvenciones públicas a aquellas organizaciones que no condenan la violencia.
En la misma línea, el popular Carlos Urquijo ha subrayado que la propuesta se ajusta al artículo de la Ley reguladora del Derecho de Asociación que establece que los poderes públicos "no facilitarán ayuda alguna (...) a aquellas asociaciones que con su actividad (...) enaltezcan o justifiquen por cualquier medio los delitos de terrorismo o hayan participado en la realización de actos que entrañen humillación de las víctimas del terrorismo".
Cuestión de legalidad
Así, y tras subrayar que "no estamos solo ante una cuestión de principios, sino también ante una cuestión de legalidad", Urquijo ha echado en cara al consejero Joseba Azkarraga que haya reconocido esta semana que no tiene "ni un puñetero duro para mástiles" de cara a cumplir la normativa de banderas y, en cambio, demuestre "tener mucho dinero para asociaciones que fomentan la violencia".
Tripartito y Aralar han acusado a PSE y PP de buscar "el titular fácil" de cara a las elecciones generales del próximo mes de marzo, y han explicado su oposición a la iniciativa con el argumento de que establecer ese tipo de restricciones a la concesión de subvenciones públicas sería claramente discriminatorio, vulneraría la ley e incluso podría caer en la prevaricación.