especulación inmobiliaria
La juez admite a trámite la denuncia del fiscal contra Santa María por los chalés de Ibaiondo
La investigación no afecta, en principio, al ex concejal del PP Jorge Ibarrondo, que sí figura como imputado en el 'caso Ali'
IMPUTADO. Antón Sáenz de Santa María en una comparecencia en el Ayuntamiento en la anterior legislatura. / IOSU ONAINDIA
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria, Susana Junquera, ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía contra Antón Sáenz de Santa María, director municipal de Urbanismo en el último gobierno del PP, por la comisión de sendos presuntos delitos de prevaricación urbanística y falsedad documental por haber permitido a la constructora Opacua cobrar a los adjudicatarios de 24 chalés bioclimáticos tasados, edificados en Ibaiondo, 54.000 euros más del precio fijado por el pleno del Consistorio para cada casa.
Esto supone que la magistrada ha decidido abrir una investigación para intentar aclarar el asunto, lo que no prejuzga ni la culpabilidad ni la inocencia del alto funcionario municipal. Las diligencias no afectan, en principio, a quien era el jefe de Santa María cuando ocurrieron los hechos, el ex concejal popular de Urbanismo, Jorge Ibarrondo, que sí figura como imputado en la causa abierta por otro juzgado hace varias semanas por el 'caso Ali'.
Sáenz de Santa María, que fue dirigente e ideólogo de la desaparecida Unidad Alavesa, tendrá que declarar a final de mes ante la juez Junquera. Y lo hará en calidad de imputado, figura jurídica que garantiza sus derechos legales al permitirle comparecer en el Palacio de Justicia asistido de abogado, y que no le obliga a decir la verdad.
Quien sí tendrá que responder con veracidad a las preguntas que se le formulen será el técnico municipal citado como testigo por la juez. Se trata de Juan Carlos Vila, el responsable de la Unidad de Valoraciones del Ayuntamiento, quien también deberá personarse este mismo mes en el Juzgado.
El asunto saltó a la luz en agosto de 2006, cuando los adjudicatarios de los chalés de Ibaiondo acusaron a la empresa Opacua de cobrarles un sobreprecio de 54.000 euros. La promotora justificaba ese aumento en las singulares dotaciones ecológicas de los unifamiliares, tales como placas solares o dispositivos de aprovechamiento de aguas pluviales..
Sin embargo, el coste final de las casas había sido fijado cuatro años antes por el Consistorio en alrededor de 250.000 euros. Cantidad que resultaba de incrementar en un 75% el coste de un piso de protección oficial, «dadas las medidas medioambientales previstas en los chalés», según indicaba el texto aprobado por la Corporación.
«Le salió casi gratis»
Pese a ello, en julio de 2003, Opacua preguntó por escrito al Departamento de Urbanismo, liderado entonces por Ibarrondo, el precio que debía cobrar por las viviendas. La respuesta la firmó pocos días después Sáenz de Santa María. A través de una 'nota informativa', el entonces director de Urbanismo daba por bueno el sobreprecio, al interpretar que el Pleno municipal no había contemplado el coste de los equipamientos ecológicos.
Tras estudiar la documentación presentada el 3 de mayo por el PSE, PNV, EA y EB, la Fiscalía vio indicios de prevaricación y falsedad documental en la actuación de Santa María en el caso e interpuso una denuncia contra él. Para el ministerio público, la 'nota informativa' contradice lo acordado por el Pleno, que fijó el precio de los chalés teniendo en cuenta su carácter bioclimático. Al permitírsele cobrar ese sobreprecio, la promotora obtuvo un beneficio extra «totalmente injustificado», según el Fiscal jefe de Vitoria, Josu Izaguirre. «Ganó alrededor de 1,3 millones de euros cuando había pagado por la parcela 1,7 millones, con lo que el suelo le salió casi gratis», explicó.
Esta tesis fue respaldada ante la comisión municipal que investigó el asunto por Juan Carlos Vila, el funcionario que ahora declarará como testigo. Vila dijo entonces que no había motivo para el sobreprecio porque el Ayuntamiento ya había descontado el coste de los equipos bioclimáticos del precio del solar que vendió a la promotora para construir los chalés. a.moraza@diario-elcorreo.com .
Esto supone que la magistrada ha decidido abrir una investigación para intentar aclarar el asunto, lo que no prejuzga ni la culpabilidad ni la inocencia del alto funcionario municipal. Las diligencias no afectan, en principio, a quien era el jefe de Santa María cuando ocurrieron los hechos, el ex concejal popular de Urbanismo, Jorge Ibarrondo, que sí figura como imputado en la causa abierta por otro juzgado hace varias semanas por el 'caso Ali'.
Sáenz de Santa María, que fue dirigente e ideólogo de la desaparecida Unidad Alavesa, tendrá que declarar a final de mes ante la juez Junquera. Y lo hará en calidad de imputado, figura jurídica que garantiza sus derechos legales al permitirle comparecer en el Palacio de Justicia asistido de abogado, y que no le obliga a decir la verdad.
Quien sí tendrá que responder con veracidad a las preguntas que se le formulen será el técnico municipal citado como testigo por la juez. Se trata de Juan Carlos Vila, el responsable de la Unidad de Valoraciones del Ayuntamiento, quien también deberá personarse este mismo mes en el Juzgado.
El asunto saltó a la luz en agosto de 2006, cuando los adjudicatarios de los chalés de Ibaiondo acusaron a la empresa Opacua de cobrarles un sobreprecio de 54.000 euros. La promotora justificaba ese aumento en las singulares dotaciones ecológicas de los unifamiliares, tales como placas solares o dispositivos de aprovechamiento de aguas pluviales..
Sin embargo, el coste final de las casas había sido fijado cuatro años antes por el Consistorio en alrededor de 250.000 euros. Cantidad que resultaba de incrementar en un 75% el coste de un piso de protección oficial, «dadas las medidas medioambientales previstas en los chalés», según indicaba el texto aprobado por la Corporación.
«Le salió casi gratis»
Pese a ello, en julio de 2003, Opacua preguntó por escrito al Departamento de Urbanismo, liderado entonces por Ibarrondo, el precio que debía cobrar por las viviendas. La respuesta la firmó pocos días después Sáenz de Santa María. A través de una 'nota informativa', el entonces director de Urbanismo daba por bueno el sobreprecio, al interpretar que el Pleno municipal no había contemplado el coste de los equipamientos ecológicos.
Tras estudiar la documentación presentada el 3 de mayo por el PSE, PNV, EA y EB, la Fiscalía vio indicios de prevaricación y falsedad documental en la actuación de Santa María en el caso e interpuso una denuncia contra él. Para el ministerio público, la 'nota informativa' contradice lo acordado por el Pleno, que fijó el precio de los chalés teniendo en cuenta su carácter bioclimático. Al permitírsele cobrar ese sobreprecio, la promotora obtuvo un beneficio extra «totalmente injustificado», según el Fiscal jefe de Vitoria, Josu Izaguirre. «Ganó alrededor de 1,3 millones de euros cuando había pagado por la parcela 1,7 millones, con lo que el suelo le salió casi gratis», explicó.
Esta tesis fue respaldada ante la comisión municipal que investigó el asunto por Juan Carlos Vila, el funcionario que ahora declarará como testigo. Vila dijo entonces que no había motivo para el sobreprecio porque el Ayuntamiento ya había descontado el coste de los equipos bioclimáticos del precio del solar que vendió a la promotora para construir los chalés. a.moraza@diario-elcorreo.com .
