
El proceso es complejo y parte desde el mismo momento en que el actual tribunal que lleva el 'caso Ibarretxe' -integrado por Fernando Ruiz Piñeiro, Antonio García y Nekane Bolado- fijen una fecha para el juicio. En ese momento, que tardará en llegar al menos unas semanas según fuentes judiciales, los propios magistrados dirán quiénes son las tres personas que deben juzgar el caso. La norma dice que se designarán a ellos mismos.
Tras recibir los escritos de recusación, el Tribunal Superior debería fijar un instructor para evaluar los hechos. Diversas fuentes apuntan a que esta tarea recaería en Antón Subinas, único miembro de la Sala de lo Penal que aún no ha abordado ningún aspecto del proceso contra Ibarretxe, López y Ares. Este juez debería recopilar toda la información y elevar un dictamen a la 'Sala del 77', nombre del artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula este tipo de situaciones.
Según esta norma, el órgano que deberá resolver la cuestión quedaría integrado por el presidente del TSJPV y los presidentes de las tres salas del Superior vasco y los tres magistrados más modernos de cada una de ellas. Quedarían como integrantes fijos, según este criterio, el titular de lo Contencioso-Administrativo, Juan Luis Ibarra, y el de lo Social, Manuel Díaz de Rábago. El resto de la composición queda en el aire, a excepción de la más que probable presencia de Antón Subinas como el último en haber llegado a la Sala de lo Penal, aunque el hecho de ser el instructor de la recusación podría plantear ciertos problemas. También plantea ciertas dudas el que Ruiz Piñeiro no pueda formar parte de este órgano como uno de los implicados, al no quedar claro quién deberá cubrir los puestos que deja libres en la 'Sala del 77'.






