GENERAL
El Gobierno vasco expropia 37 pisos protegidos en su plan de lucha contra el fraude
El Ejecutivo ha inspeccionado 31.572 viviendas y ha impuesto 262 sanciones por desuso o alquileres irregulares
01.11.07 -
MADRAZO revisa un piso protegido recién construido. / I. ONANDIA
La 'guerra al fraude' con la vivienda protegida en Euskadi estrecha el cerco sobre los infractores. El Gobierno vasco, que inició en 2004 de forma experimental los controles sobre los pisos impulsados con ayuda pública, ha expropiado ya 37 viviendas que no eran ocupadas por sus adjudicatarios legítimos y estaban en completo desuso, cedidas irregularmente a amigos o parientes o alquiladas de forma ilegal. La cifra, destacó ayer el viceconsejero del área, Javier Burón, es similar «a las recuperadas en el resto del Estado desde 1978».
La batalla contra el fraude en las viviendas protegidas centró buena parte de las explicaciones del consejero Javier Madrazo (EB) ante el Parlamento, donde compareció ayer a petición de los socialistas vascos para analizar el grado de cumplimiento del Plan de Vivienda 2006-2009 de la comunidad en el momento de llegar a su ecuador.
Los servicios de inspección articulados por el área de Vivienda, explicó el consejero de Ezker Batua, han analizado desde octubre de 2004 un total de 31.572 pisos adjudicados en cesión de uso o régimen de alquiler por las diferentes instituciones públicas. El grueso del control se ha desarrollado en los dos últimos años (24.650 entre 2006 y 2007). En conjunto, se estima que el 53% del censo de vivienda protegida de la comunidad ha recibido en al menos una ocasión la visita de los investigadores.
La mayor parte de los propietarios cumple. Es decir, residen en los pisos públicos que les fueron adjudicados. Pero cuando se descubre que ello no ocurre, Vivienda abre una investigación. Lo hizo en 2.525 casos, que merecieron la apertura de un expediente. De ellos, en 262 ocasiones el control se saldó con una multa económica que, de media, ha alcanzado una cuantía de 2.238 euros por propietario sancionado.
«Inadmisible»
El Departamento de Madrazo ha defendido con insistencia que el fraude en materia de vivienda, la primera preocupación de los vascos, es «socialmente inadmisible» cuando existen «miles de jóvenes» que ven coartado su derecho a un techo por la carestía del mercado y la dificultad para obtener un piso de promoción pública, a lo que aspiran en la actualidad los 76.000 inscritos en Etxebide. Entre las irregularidades que se persiguen, «la más sangrante» es el caso de las viviendas vacías, pero no es la única. Los alquileres irregulares -dado que los pisos protegidos sólo pueden arrendarse en circunstancias concretas y a precios establecidos por la Administración- , y las transmisiones sin control institucional son otros de los casos que motivan la apertura de los expedientes de sanción.
Junto a las 37 viviendas recuperadas vía expropiación o por decisión propia de los adjudicatarios una vez descubierto su fraude, el Departamento de Vivienda ha recuperado otras 275 casas al ejercer su derecho de tanteo y retracto en la transmisión de los pisos públicos. En estos casos, el Ejecutivo ha 'recomprado' las casas a sus adjudicatarios a precios oficiales y las ha vuelto a poner a disposición de los inscritos en Etxebide a través de los sorteos.
Madrazo consideró ayer que para el año 2009 el Gobierno vasco habrá sido capaz de investigar al menos en una ocasión «todo el parque de viviendas protegidas de Euskadi». Durante el primer trimestre de 2008, en este sentido, se prevé la constitución formal del servicio de inspección, que hasta ahora ha sido encargado a empresas externas.
«Nunca se habían adoptado tantas actuaciones y medidas tan eficaces contra el fraude», indicó Madrazo. La Cámara dio su respaldo expreso a esta política del departamento y animó al Ejecutivo a proseguir la lucha contra los usos irregulares de la vivienda pública.
La batalla contra el fraude en las viviendas protegidas centró buena parte de las explicaciones del consejero Javier Madrazo (EB) ante el Parlamento, donde compareció ayer a petición de los socialistas vascos para analizar el grado de cumplimiento del Plan de Vivienda 2006-2009 de la comunidad en el momento de llegar a su ecuador.
Los servicios de inspección articulados por el área de Vivienda, explicó el consejero de Ezker Batua, han analizado desde octubre de 2004 un total de 31.572 pisos adjudicados en cesión de uso o régimen de alquiler por las diferentes instituciones públicas. El grueso del control se ha desarrollado en los dos últimos años (24.650 entre 2006 y 2007). En conjunto, se estima que el 53% del censo de vivienda protegida de la comunidad ha recibido en al menos una ocasión la visita de los investigadores.
La mayor parte de los propietarios cumple. Es decir, residen en los pisos públicos que les fueron adjudicados. Pero cuando se descubre que ello no ocurre, Vivienda abre una investigación. Lo hizo en 2.525 casos, que merecieron la apertura de un expediente. De ellos, en 262 ocasiones el control se saldó con una multa económica que, de media, ha alcanzado una cuantía de 2.238 euros por propietario sancionado.
«Inadmisible»
El Departamento de Madrazo ha defendido con insistencia que el fraude en materia de vivienda, la primera preocupación de los vascos, es «socialmente inadmisible» cuando existen «miles de jóvenes» que ven coartado su derecho a un techo por la carestía del mercado y la dificultad para obtener un piso de promoción pública, a lo que aspiran en la actualidad los 76.000 inscritos en Etxebide. Entre las irregularidades que se persiguen, «la más sangrante» es el caso de las viviendas vacías, pero no es la única. Los alquileres irregulares -dado que los pisos protegidos sólo pueden arrendarse en circunstancias concretas y a precios establecidos por la Administración- , y las transmisiones sin control institucional son otros de los casos que motivan la apertura de los expedientes de sanción.
Junto a las 37 viviendas recuperadas vía expropiación o por decisión propia de los adjudicatarios una vez descubierto su fraude, el Departamento de Vivienda ha recuperado otras 275 casas al ejercer su derecho de tanteo y retracto en la transmisión de los pisos públicos. En estos casos, el Ejecutivo ha 'recomprado' las casas a sus adjudicatarios a precios oficiales y las ha vuelto a poner a disposición de los inscritos en Etxebide a través de los sorteos.
Madrazo consideró ayer que para el año 2009 el Gobierno vasco habrá sido capaz de investigar al menos en una ocasión «todo el parque de viviendas protegidas de Euskadi». Durante el primer trimestre de 2008, en este sentido, se prevé la constitución formal del servicio de inspección, que hasta ahora ha sido encargado a empresas externas.
«Nunca se habían adoptado tantas actuaciones y medidas tan eficaces contra el fraude», indicó Madrazo. La Cámara dio su respaldo expreso a esta política del departamento y animó al Ejecutivo a proseguir la lucha contra los usos irregulares de la vivienda pública.
