
La agrupación -integrada por ocho asociaciones con más de un millar de profesionales y 800 voluntarios- presentó un estudio pionero en España sobre el impacto económico que supone este colectivo. Entre otras cifras relevantes, destacó que cada familia destina una media de 4.000 euros anuales al cuidado de sus allegados. «Con ello se aseguran de que estén bien atendidos y tengan una buena calidad de vida», reconoció el presidente de esta federación, Juan Cid.
El gasto se añade a las colaboraciones que reciben por parte de algunas fundaciones y, sobre todo, de las Administraciones públicas, que promueven programas de ayuda a domicilio y apoyo familiar. Este tipo de iniciativas suponen unos 2.000 euros más por familia.
El viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Fernando Consuegra, aseguró que la inversión pública es necesaria «para las personas con alguna discapacidad y para las que no la tienen». «Es como un seguro de vida que está ahí para cuando se necesita», señaló. Por su parte, el diputado en Acción Social, Juan María Aburto, defendió que el modelo vasco es «pionero, funciona bien y todos los datos lo avalan». Aún así, subrayó que en esta materia se busca dignificar a las personas. «Eso es un derecho que no se puede medir en términos económicos», apuntó.
Rentabilidad
Fevas ha cuantificado el gasto total generado por las actividades relacionadas con la discapacidad intelectual en 188,7 millones de euros. La cifra supone el 16% de la inversión social vasca. Las prestaciones que se han llevado más recursos han sido el alojamiento de los afectados en residencias y las ayudas para que puedan permanecer en su propio hogar. Le sigue la inversión en centros especiales de empleo y programas de inserción laboral en empresas ordinarias, junto con el mantenimiento de los centros ocupacionales y asistenciales.
No obstante, el análisis demuestra que este gasto genera, a su vez, un efecto positivo que revierte en la sociedad. Así, por cada euro que se invierte en el colectivo se recuperan 82 céntimos. En total, 154 millones. «Aunque pueda parecer extraño es un impacto mayor al que experimentan entidades tan relevantes como el Museo Guggenheim o el BEC», comparó Cid. Esta rentabilidad también se traduce en la creación de puestos de trabajo. Y es que en la actualidad, alrededor de 4.000 personas trabajan en el ámbito de la discapacidad intelectual.
Para realizar este pormenorizado estudio, Fevas ha contado con la colaboración de instituciones, de las personas con discapacidad y sus familiares. Gracias a ello ha podido cuantificar las ayudas concedidas, así como recabar de primera mano la opinión de los afectados. «Ha sido muy laborioso pero el resultado merece la pena. Nos indica que vamos por buen camino», señalaron los portavoces de esta agrupación.






