
Esta nueva normativa ha quedado regulada a través de un decreto foral aprobado el martes por el consejo de diputados y que pretende reglamentar la prestación económica para aquellas personas que necesitan del cuidado de familiares para vivir. Su principal novedad, como subrayó ayer la diputada de Política Social y Asuntos Sociales, Covandonga Solaguren, es que a diferencia de lo que exige la ley estatal, en Álava también recibirán ayudas los dependientes de grado medio, con un año de antelación respecto al resto de España.
De los casi 3.800 expedientes analizados, 1.477 son de grandes dependientes y 393 de grado dos. Estos cerca de 1.900 alaveses empezarán a recibir las ayudas económicas una vez se concluyan los planes individualizados de control elaborados por los trabajadores sociales y para los que existe un plazo de tres meses. Se prevé que estén resueltos antes de final de año. No obstante, la norma otorga a estas subvenciones un «carácter retroactivo», de forma que la Diputación abonará las cantidades retrasadas desde el 1 de enero de 2007. Para el presente año, existe una partida de cuatro millones de euros.
«Derecho universal»
Tras felicitarse de que Álava sea el único territorio histórico que ha decidido «adelantarse» a lo estipulado por la ley estatal e incorporar a las ayudas a los dependientes de grado dos, Solaguren recordó que este derecho es «universal». Es decir, que todos pueden solicitar las subvenciones con independencia del nivel de renta que tengan.
No obstante, las económicas no son las únicas ayudas que contempla la normativa para los grandes dependientes. En primer lugar, la Administración estaría obligada a ofrecerle una plaza en una residencia pública; luego, en una concertada, y en tercer lugar, se recurriría al sector privado. En cuarto y último lugar aparecen las subvenciones económicas, que van a ser las predominantes mientras no se amplíen los recursos con la construcción de nuevas residencias.







