ÁLAVA
Los vecinos de los chalés de Ibaiondo y Ali aplauden la denuncia del fiscal
Algunos residentes estudiarán con sus abogados si se presentan como parte en el proceso
22.10.07 -
IBAIONDO. Lorea Estévez, a la izquerda, entra en su vivienda bioclimática. /JESÚS ANDRADE
Cierta sorpresa y mucha alegría. No todos los vecinos de los 24 chalés bioclimáticos de la calle Urederra de Ibaiondo y de las 6 casas de Ali están sorprendidos por la decisión de la Fiscalía de denunciar por prevaricación urbanística al anterior teniente de alcalde, y ex concejal del área, Jorge Ibarrondo, y a su 'número dos' Antón Sáenz de Santa María. Pero la mayoría de los consultados aplaudieron la decisión judicial.
El hastío y la indignación de los residentes de esta manzana bioclimática con el estado de sus casas es tan fuerte que basta pedir una opinión para que los periodistas tengan que escuchar un historial completo de agravios desde el mismo día que entraron a vivir. A Ángel García, por ejemplo, sí le ha extrañado porque creía que la denuncia de los grupos de la oposición ante los juzgados «iba a acabar en carpetazo. Me da una alegría enorme. Ojalá todo acabe en una dura condena. Y no hicieron caso a ninguna institución».
García está dolido con las declaraciones de algunos miembros del Partido Popular, especialmente con el ex alcalde Alfonso Alonso, cuando insistía una y otra vez en que les había tocado la lotería, a pesar de todo lo que habían pagado, un sobreprecio de 54.000 euros. «A veces es mejor callarse», decía el vecino.
A su lado, Idoya Martínez de Antoñana, no está asombrada por lo ocurrido. «Todo el mundo sabía que ha habido muchas irregularidades porque aquí no hay invertido en sistemas de ahorro ni un tercio de los que estaba en el proyecto. Es lógico que los jueces tomen la iniciativa. Está claro que no han hecho bien las cosas».
Un «gallinero»
Ángel e Idoya hacen la lista de «chapuzas» que les toca vivir. «Hay placas solares desconectadas, bombas de caldera que no funcionan, necesitamos una bomba para reutilizar el agua de lluvia. Esto tiene que ver muy poco con el concepto de bioclimático. Estas casas estarían muy bien en Málaga, pero aquí no. El material es muy malo. Sólo hemos pedido que nos cobren un precio justo».
En la misma línea Gregorio, padre de un afectado, tacha de «gallineros» las casas y expone hechos. «No palabras ni valoraciones de políticos, que ni nos han recibido ni han atendido nuestras reclamaciones. Puertas y ventanas con problemas, cristales que estallan, paredes cargadas excesivamente, techos ilegales, tomas de agua cambiadas de lugar. Pero si no deberían habernos dado ni la licencia de ocupación de la cantidad de irregularidades urbanísticas que tienen estas casas», se queja. Gregorio no cree, sin embargo, que la denuncia salga adelante «porque es muy difícil demostrar la prevaricación. Y si ganan ellos, saldrán más reforzados», se lamenta.
«No es lo que dijeron»
Otros vecinos como Ander Fernández y Lorea Estévez se sienten desamparados. «Hemos tropezado con mucha indiferencia de la administración y nosotros estamos pagando por algo que no es lo que nos han dicho que era», razonó.
En la comunidad de los siete adosados de Ali, la vida se ha normalizado y los residentes están satisfechos con sus viviendas, aunque uno de los inmuebles sigue vacío. Es el séptimo, el de la discordia, el que ha provocado la denuncia por prevaricación contra el ex-edil del PP, y su director de Urbanismo, Sáenz de Santa María. Se alegran de la decisión del fiscal, pero prefieren ser cautos. «Vamos a reunirnos la semana que viene a ver si nos personamos como parte en ese proceso. Desconocemos lo que nos puede repercutir y nos deja muchas dudas», expresaba Edurne Barcenilla.
El hastío y la indignación de los residentes de esta manzana bioclimática con el estado de sus casas es tan fuerte que basta pedir una opinión para que los periodistas tengan que escuchar un historial completo de agravios desde el mismo día que entraron a vivir. A Ángel García, por ejemplo, sí le ha extrañado porque creía que la denuncia de los grupos de la oposición ante los juzgados «iba a acabar en carpetazo. Me da una alegría enorme. Ojalá todo acabe en una dura condena. Y no hicieron caso a ninguna institución».
García está dolido con las declaraciones de algunos miembros del Partido Popular, especialmente con el ex alcalde Alfonso Alonso, cuando insistía una y otra vez en que les había tocado la lotería, a pesar de todo lo que habían pagado, un sobreprecio de 54.000 euros. «A veces es mejor callarse», decía el vecino.
A su lado, Idoya Martínez de Antoñana, no está asombrada por lo ocurrido. «Todo el mundo sabía que ha habido muchas irregularidades porque aquí no hay invertido en sistemas de ahorro ni un tercio de los que estaba en el proyecto. Es lógico que los jueces tomen la iniciativa. Está claro que no han hecho bien las cosas».
Un «gallinero»
Ángel e Idoya hacen la lista de «chapuzas» que les toca vivir. «Hay placas solares desconectadas, bombas de caldera que no funcionan, necesitamos una bomba para reutilizar el agua de lluvia. Esto tiene que ver muy poco con el concepto de bioclimático. Estas casas estarían muy bien en Málaga, pero aquí no. El material es muy malo. Sólo hemos pedido que nos cobren un precio justo».
En la misma línea Gregorio, padre de un afectado, tacha de «gallineros» las casas y expone hechos. «No palabras ni valoraciones de políticos, que ni nos han recibido ni han atendido nuestras reclamaciones. Puertas y ventanas con problemas, cristales que estallan, paredes cargadas excesivamente, techos ilegales, tomas de agua cambiadas de lugar. Pero si no deberían habernos dado ni la licencia de ocupación de la cantidad de irregularidades urbanísticas que tienen estas casas», se queja. Gregorio no cree, sin embargo, que la denuncia salga adelante «porque es muy difícil demostrar la prevaricación. Y si ganan ellos, saldrán más reforzados», se lamenta.
«No es lo que dijeron»
Otros vecinos como Ander Fernández y Lorea Estévez se sienten desamparados. «Hemos tropezado con mucha indiferencia de la administración y nosotros estamos pagando por algo que no es lo que nos han dicho que era», razonó.
En la comunidad de los siete adosados de Ali, la vida se ha normalizado y los residentes están satisfechos con sus viviendas, aunque uno de los inmuebles sigue vacío. Es el séptimo, el de la discordia, el que ha provocado la denuncia por prevaricación contra el ex-edil del PP, y su director de Urbanismo, Sáenz de Santa María. Se alegran de la decisión del fiscal, pero prefieren ser cautos. «Vamos a reunirnos la semana que viene a ver si nos personamos como parte en ese proceso. Desconocemos lo que nos puede repercutir y nos deja muchas dudas», expresaba Edurne Barcenilla.
