Según informaron ayer fuentes oficiales, el Gobierno de Kabul ha cerrado esta semana dos compañías de seguridad privadas nacionales y ha advertido de que otras diez más, incluidas algunas occidentales, serán clausuradas próximamente. Aunque no se han explicado los motivos, sí ha trascendido que varias de ellas están bajo sospecha de haber cometido asesinatos y robos.
El martes se retiró la licencia a las compañías afganas Wathan y Caps, ya que en dos redadas llevadas a cabo en sus sedes de la capital por la Policía se encontraron 82 armas ilegales, según el general Alí Shah Paktiawal. El alto oficial precisó que al menos otras diez compañías serán cerradas tras los registros que se realizarán la próxima semana.
«No las queremos»
«No queremos este tipo de empresas en Afganistán, no importa si son nacionales o internacionales», añadió Paktiawal. Fuentes occidentales de seguridad informaron bajo anonimato de que alguna importante compañía extranjera figura en la lista de las advertidas, pero no dio nombres.
Las principales quejas del Gobierno afgano en contra de estas compañías es la irresponsabilidad de sus agentes, la intimidación de ciudadanos, la falta de respeto a las fuerzas de seguridad locales y la no cooperación con las autoridades, según un borrador de normas que está siendo debatido por Kabul.
El Gobierno calcula que un total de 59 compañías afganas e internacionales están registradas, mientras que las fuentes occidentales señalan que otras 25 más podrían trabajar en el país asiático. El Ejército estadounidense emplea a cerca de 29.000 contratistas privados en suelo afgano, de los que unos 1.000 están dedicados a la protección, informó el teniente coronel de las Fuerzas Aéreas Todd Vician, portavoz de Defensa.






