La oposición nacionalista y popular criticó el acuerdo por entender que es «intervencionista» y porque tampoco comparte otras iniciativas de la Generalitat en la materia, como la futura Ley del Derecho a la Vivienda, que contempla medidas como el alquiler forzoso y sanciones como la expropiación a propietarios de casas desocupadas.
Tras la firma del acuerdo, el presidente catalán aseguró que el pacto es «un instrumento que garantiza el acceso a la vivienda y acabará con las desigualdades sociales» en este terreno, al tiempo que destacó que el nuevo marco «cabe todo el mundo». «Debemos ir de la mano en este pacto, más que en ningún otro», dijo José Montilla.
El acuerdo supondrá la construcción de unas 800.000 viviendas durante los próximos 10 años y contará con una inversión pública de 8.221 millones de euros. El portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, negó que la iniciativa sea un pacto nacional, sino la simple firma de un «acuerdo sectorial entre la Generalitat y los agentes sociales y económicos». Puig denunció la «radicalización de ICV», que, a su juicio, ha llevado al PSC a «perder la centralidad política» y a ser «rehén de la radicalidad ideológica» de sus socios de Gobierno ecosocialistas.
Por su parte, la portavoz del PP en la Cámara catalana, Carina Mejías, calificó el Pacto Nacional por la Vivienda de «estrepitoso fracaso de gestión» de la Generalitat que no responde a las necesidades de la sociedad y contiene medidas «utópicas». En nombre de Ciutadans, su presidente, Albert Rivera, apoyó con un «sí crítico» el acuerdo, pero mantuvo su rechazo a la Ley del Derecho a la Vivienda si no se eliminan las medidas coercitivas como la expropiación forzosa. Según Rivera, CiU y el PP rechazaron el acuerdo por motivos electoralistas, mientras que su partido dio su apoyo con «espíritu constructivo y responsabilidad».






