
Lamarca hizo estas manifestaciones al presentar el libro 'Incidencia del padrón municipal en el ejercicio de los derechos de las personas extranjeras en situación irregular', un trabajo realizado por el investigador José Zarauz gracias a una beca del Ararteko. El autor explicó que sólo dos ayuntamientos vascos, Bilbao y Getxo, han elaborado un plan local de inmigración, a través del cual buscan fórmulas para registrar a las personas que no pueden cumplir los requisitos legales del padrón: dar una dirección estable o el número de pasaporte, dos condiciones que son suficientes al margen de que se tenga o no un permiso de trabajo.
Una de las vías alternativas es el empadronamiento ficticio o social, que consiste en que el extranjero se inscribe en el padrón con las señas de los servicios municipales. «Otros ayuntamientos, además de Getxo y Bilbao, también aplican esa fórmula, pero esos dos municipios son los únicos que lo hacen de acuerdo con un plan», explicó José Zarauz.
Efectos retroactivos
Según el investigador, otra posibilidad es el empadronamiento con efectos retroactivos, que permite quedar registrado desde el comienzo de la residencia, sin esperar a que el expediente sea aprobado por las autoridades municipales.
El Ararteko recordó que todo ciudadano tiene derecho a inscribirse en el pueblo donde vive. Sin embargo, el problema se plantea cuando el inmigrante sin papeles no puede cumplir las normas establecidas. En tales supuestos, unos municipios interpretan esas normas de forma favorable para resolver el problema; pero otros no muestran el mismo interés. Ese dilema se presenta cuando un extranjero quiere inscribirse en una vivienda donde, oficialmente, ya reside más de una decena de individuos.
En Euskadi viven actualmente 98.000 inmigrantes empadronados, pero es imposible cuantificar los que no han podido o no han querido hacerlo y el número cambia constantemente. Lo integran las personas que han llegado a las costas españolas en cayuco y que carecen de documentación y de medios para obtenerla en su consulado. También forman parte de este grupo los 'sin papeles' a los que ningún casero quiere arrendarles el piso con un contrato legal que les sirva para enseñar en el Ayuntamiento. Normalmente, tardan entre seis meses y un año hasta que consiguen dar con una vivienda que les sirva para empadronarse. Algunas mujeres del servicio doméstico consiguen apuntarse en el padrón dando la dirección de la persona para la que trabajan como internas.






