detenida la cúpula de batasuna
La Policía detectó que Batasuna preparaba una amplia campaña de agitación callejera
Los análisis policiales en los que se sustentó la redada del pasado jueves en la localidad guipuzcoana de Segura contra la dirección de Batasuna sostienen que la formación ilegal diseñaba una campaña de radicalización de sus bases, cuyo punto fuerte era la preparación de una potente campaña de agitación callejera que condujera a una desestabilización social y política en Euskadi. Fuentes policiales aseguraron ayer que los documentos que han aparecido en los registros corroboran estas tesis, pero a la vez podrían servir para poner en marcha nuevas operaciones contra el entorno radical.
Las fuerzas de seguridad resuelven que la estrategia de Batasuna aparece recogida, entre otros, en un documento titulado 'Herri Batzarretarako Gidoia' (Guía para las asambleas del pueblo, en castellano). En él se explica a los militantes de la izquierda abertzale que no hay ninguna posibilidad de retomar a corto plazo ningún tipo de negociación, por lo que se ha abierto una fase de enfrentamiento.
Esta etapa iba a caracterizarse por la creación de un fuerte clima de tensión en los municipios vascos. La crispación, según el mismo análisis, debería cobrar mayor intensidad en aquellos pueblos donde la izquierda abertzale no pudo presentarse en las elecciones municipales. De la misma manera, la presión estaría especialmente dirigida a aquellos partidos a los que ETA ha considerado responsable del fracaso del proceso de paz: PNV y PSOE.
A finales de 2006, y de manera especial tras el atentado de la T 4, la Pollicía constató en Batasuna un fortalecimiento de las posiciones más radicales, al tiempo que la coalición relegaba a los miembros más proclives a la búsqueda de una salida negociada. El análisis de los cuerpos de seguridad concluye que la plataforma ilegalizada se hallaba sometida a la estrategia de ETA.
Esta es la misma teoría que ha mantenido el Gobierno en las últimas semanas, al señalar que tras la ruptura de la tregua era evidente que no existía ningún grado de autonomía de Batasuna con respecto a la actuación de la banda terrorista. La descripción más visual de este diagnóstico la ofreció el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien aseveró que los miembros de la coalición «ni siquiera pueden pedir un café sin pedir permiso a ETA».
La estrategia oficial ante esta situación pasa por aumentar al máximo la persecución policial y judicial contra Batasuna. Portavoces autorizados han señalado que la intención del Ejecutivo de Zapatero es forzar el aislamiento de la formación ilegalizada desde todos los ámbitos, una estrategia que incluye una acción más intensa de la Fiscalía.
Según el análisis gubernamental, esta nueva postura es congruente con respecto a las tesis mantenidas durante el proceso de paz, ya que se ajusta al cambio registrado en el proceder de Batasuna. Desde ese punto de vista se considera que no debe aplicarse la misma estrategia ante una organización que busca el fin de la violencia que ante una formación ilegalizada cuyo objetivo es actuar supeditada a las decisión de una banda terrorista, que además ha roto el alto el fuego con el fin de volver a las armas.
En esta actitud se incluye, según las citadas fuentes, un cambio en la política penitenciaria que acabe con el estricto control de la banda sus reclusos. La redada contra los 23 miembros de Batauna del pasado jueves ejemplifica, en ese sentido, la nueva política del Gobierno de Zapatero con respecto a la izquierda abertzale.
Los arrestados en esta operación del Cuerpo Nacional de Policía fueron trasladado a la capital de España entre la noche del viernes y la mañana del sábado. Todos ellos fueron conducidos de la comisaría de la Policía en San Sebastián hasta el complejo de Canillas, donde tiene su sede la Comisaría General de Información, según informó la agencia Colpisa.
El interrogatorio de los líderes de Batasuna continuó ayer, al tiempo que un equipo de analistas ultimaba el informe destinado al juez Garzón que contiene el estudio preliminar de los miles de documentos y soportes informáticos requisados a los arrestados en el lugar de la asamblea, en sus domicilios y en la sede de EHAK en San Sebastián. Los expertos han entregado ya al magistrado y a la Fiscalía un informe sobre Egoitz Apaolaza, detenido en la reunión de Segura y candidato número cuatro en la lista municipal de ANV en este pueblo guipuzcoano. La formación fue proscrita por el Tribunal Supremo en los comicios de mayo pasado.
El informe señala la existencia de numerosos papeles en poder de jefes de Batasuna en los que se hace referencia a la actividad de ANV y EHAK, y en los que se habla de estrategias comunes con estos grupos. Todos estos elementos pasarán a engrosar la lista de evidencias que acumula la Audiencia Nacional para tratar de demostrar la connivencia de ANV y EHAK con el partido ilegalizado, relación que, si termina por demostrarse, puede suponer la suspensión judicial de actividades de ambas formaciones en los próximos meses.
Toma de declaraciones
Garzón tiene previsto comenzar hoy a las diez de la mañana a interrogar a los veintitrés detenidos. Después, tras escuchar en una 'vistilla' al fiscal y a la defensa, deberá decidir si los envía a prisión o los deja en libertad provisional o bajo fianza. Entre los sospechosos figuran diecisiete miembros de la mesa nacional elegida en la clandestinidad en 2006.
Ocho de los detenidos, ya procesados o imputados por pertenencia a organización terrorista en otros sumarios de la Audiencia Nacional, serán acusados de reiteración delictiva, por violar las condiciones de su libertad provisional y la suspensión de actividades del presunto «frente institucional» de ETA. En esa situación se encuentran Joseba Permach, Juan Cruz Aldasoro, Rufino Etxeberria y Juan José Petrikorena (sumario Batasuna); Ana Lizarralde e Imanol Iparragirre (juzgados en el caso EKIN); Ibon Arbulu, procesado en el sumario Udalbiltza; y Maite Díaz de Heredia, procesada en la causa de Gestoras pro-Amnistía-Askatasuna.
El juez, con el apoyo de la Fiscalía, posiblemente les aplicará el mismo criterio que a Juan María Olano, Joseba Álvarez y Ohiana Aguirre y ordenará su ingreso en prisión. El futuro del resto de detenidos dependerá de la gravedad de las acusaciones que se les realicen, además del riesgo de fuga.
Las fuerzas de seguridad resuelven que la estrategia de Batasuna aparece recogida, entre otros, en un documento titulado 'Herri Batzarretarako Gidoia' (Guía para las asambleas del pueblo, en castellano). En él se explica a los militantes de la izquierda abertzale que no hay ninguna posibilidad de retomar a corto plazo ningún tipo de negociación, por lo que se ha abierto una fase de enfrentamiento.
Esta etapa iba a caracterizarse por la creación de un fuerte clima de tensión en los municipios vascos. La crispación, según el mismo análisis, debería cobrar mayor intensidad en aquellos pueblos donde la izquierda abertzale no pudo presentarse en las elecciones municipales. De la misma manera, la presión estaría especialmente dirigida a aquellos partidos a los que ETA ha considerado responsable del fracaso del proceso de paz: PNV y PSOE.
A finales de 2006, y de manera especial tras el atentado de la T 4, la Pollicía constató en Batasuna un fortalecimiento de las posiciones más radicales, al tiempo que la coalición relegaba a los miembros más proclives a la búsqueda de una salida negociada. El análisis de los cuerpos de seguridad concluye que la plataforma ilegalizada se hallaba sometida a la estrategia de ETA.
Esta es la misma teoría que ha mantenido el Gobierno en las últimas semanas, al señalar que tras la ruptura de la tregua era evidente que no existía ningún grado de autonomía de Batasuna con respecto a la actuación de la banda terrorista. La descripción más visual de este diagnóstico la ofreció el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien aseveró que los miembros de la coalición «ni siquiera pueden pedir un café sin pedir permiso a ETA».
La estrategia oficial ante esta situación pasa por aumentar al máximo la persecución policial y judicial contra Batasuna. Portavoces autorizados han señalado que la intención del Ejecutivo de Zapatero es forzar el aislamiento de la formación ilegalizada desde todos los ámbitos, una estrategia que incluye una acción más intensa de la Fiscalía.
Según el análisis gubernamental, esta nueva postura es congruente con respecto a las tesis mantenidas durante el proceso de paz, ya que se ajusta al cambio registrado en el proceder de Batasuna. Desde ese punto de vista se considera que no debe aplicarse la misma estrategia ante una organización que busca el fin de la violencia que ante una formación ilegalizada cuyo objetivo es actuar supeditada a las decisión de una banda terrorista, que además ha roto el alto el fuego con el fin de volver a las armas.
En esta actitud se incluye, según las citadas fuentes, un cambio en la política penitenciaria que acabe con el estricto control de la banda sus reclusos. La redada contra los 23 miembros de Batauna del pasado jueves ejemplifica, en ese sentido, la nueva política del Gobierno de Zapatero con respecto a la izquierda abertzale.
Los arrestados en esta operación del Cuerpo Nacional de Policía fueron trasladado a la capital de España entre la noche del viernes y la mañana del sábado. Todos ellos fueron conducidos de la comisaría de la Policía en San Sebastián hasta el complejo de Canillas, donde tiene su sede la Comisaría General de Información, según informó la agencia Colpisa.
El interrogatorio de los líderes de Batasuna continuó ayer, al tiempo que un equipo de analistas ultimaba el informe destinado al juez Garzón que contiene el estudio preliminar de los miles de documentos y soportes informáticos requisados a los arrestados en el lugar de la asamblea, en sus domicilios y en la sede de EHAK en San Sebastián. Los expertos han entregado ya al magistrado y a la Fiscalía un informe sobre Egoitz Apaolaza, detenido en la reunión de Segura y candidato número cuatro en la lista municipal de ANV en este pueblo guipuzcoano. La formación fue proscrita por el Tribunal Supremo en los comicios de mayo pasado.
El informe señala la existencia de numerosos papeles en poder de jefes de Batasuna en los que se hace referencia a la actividad de ANV y EHAK, y en los que se habla de estrategias comunes con estos grupos. Todos estos elementos pasarán a engrosar la lista de evidencias que acumula la Audiencia Nacional para tratar de demostrar la connivencia de ANV y EHAK con el partido ilegalizado, relación que, si termina por demostrarse, puede suponer la suspensión judicial de actividades de ambas formaciones en los próximos meses.
Toma de declaraciones
Garzón tiene previsto comenzar hoy a las diez de la mañana a interrogar a los veintitrés detenidos. Después, tras escuchar en una 'vistilla' al fiscal y a la defensa, deberá decidir si los envía a prisión o los deja en libertad provisional o bajo fianza. Entre los sospechosos figuran diecisiete miembros de la mesa nacional elegida en la clandestinidad en 2006.
Ocho de los detenidos, ya procesados o imputados por pertenencia a organización terrorista en otros sumarios de la Audiencia Nacional, serán acusados de reiteración delictiva, por violar las condiciones de su libertad provisional y la suspensión de actividades del presunto «frente institucional» de ETA. En esa situación se encuentran Joseba Permach, Juan Cruz Aldasoro, Rufino Etxeberria y Juan José Petrikorena (sumario Batasuna); Ana Lizarralde e Imanol Iparragirre (juzgados en el caso EKIN); Ibon Arbulu, procesado en el sumario Udalbiltza; y Maite Díaz de Heredia, procesada en la causa de Gestoras pro-Amnistía-Askatasuna.
El juez, con el apoyo de la Fiscalía, posiblemente les aplicará el mismo criterio que a Juan María Olano, Joseba Álvarez y Ohiana Aguirre y ordenará su ingreso en prisión. El futuro del resto de detenidos dependerá de la gravedad de las acusaciones que se les realicen, además del riesgo de fuga.
