POLÍTICA
El PSOE advierte a ETA de que «pierda toda esperanza» y el PP exige a Zapatero «hechos»
Unánime repulsa al comunicado en el que la banda amenaza con «seguir golpeando»
10.09.07 -
OTRAS REACCIONES
Repudio, advertencia de que la violencia no tendrá premio político alguno y exigencia de más beligerancia contra el entramado terrorista. Sobre estas reflexiones construyeron ayer instituciones y partidos su respuesta al comunicado de ETA en 'Gara' y 'Berria', en el que la banda culpa a Zapatero de frustrar el proceso de paz y amenaza con «seguir golpeando al Estado», además de reivindicar los últimos atentados.
Medios gubernamentales apuntaron que, con su primera aparición por escrito tras romper la tregua, ETA ha pretendido no sólo mantenerse como una espada de Damocles sobre el conjunto de la sociedad, sino también «dar explicaciones a la izquierda abertzale, que está desnortada». De ahí, agregaron, que tras el comunicado se perciba cierta «prisa».
Para los socialistas, la advertencia etarra es la prueba de que «no hubo cesiones políticas» durante el alto el fuego, «a pesar de lo que permanentemente dijo el PP». La organización terrorista, enfatizó José Blanco, debe «perder toda la esperanza» porque el Ejecutivo dijo «no a sus pretensiones» y «les seguiremos diciendo que no». Igual argumento que el 'número tres' del partido del Gobierno utilizó su homólogo en Euskadi, Rodolfo Ares, quien añadió que ETA «se encontrará con la firmeza del Estado de Derecho».
A juicio del PP, el comunicado confirma que «estamos ante una amenaza muy grave». Por ello, su secretario de Justicia, Ignacio Astarloa, exigió al Gabinete Zapatero «hechos concretos» más allá de «medidas policiales» y le emplazó a que haga una política «que no deje resquicios, no deje condescendencias y no responda al tacticismo». En suma, concluyó, que «desempolve lo que estaba destrozando a ETA hace tres años» y muestre su voluntad de «cerrar todas las puertas» procediendo, por ejemplo, a la ilegalización de ANV y de EHAK. Desde el País Vasco, el secretario general de los populares, Carmelo Barrio, valoró el texto etarra -«lo ha podido redactar 'Ternera', 'Txeroki' o el propio Otegi»- como «un nuevo atentado» e inquirió al lehendakari, al hilo de sus reiterados anuncios de que promoverá una consulta con independencia del terrorismo, si «tiene la intención de aprovechar la presión de ETA contra los no nacionalistas».
El Gobierno vasco, por boca de su portavoz, Miren Azkarate, rechazó que la banda siga atribuyéndose «la representación» del pueblo vasco y se preguntó «cuánto tiempo más necesita para enterarse de que no los queremos para nada y que nos dejen en paz». La consejera, que asistió junto a otros miembros del Ejecutivo autónomo a la misa que ofició en el santuario de Arantzazu el obispo Uriarte, constató que a ETA «le importa bastante poco la sociedad» y aún «menos lo que diga la izquierda abertzale», dado que tiene a Batasuna «totalmente sometida». Antes de entrar en el templo, Azkarate recogió de manos de la novia del terrorista Iñaki de Juana Chaos un informe sobre la situación de los presos etarras.
Salvo el PNV, que eludió pronunciarse, los otros dos partidos que forman el Gabinete Ibarretxe acusaron a la banda de constituirse «en el principal obstáculo al servicio de quienes se oponen a que la sociedad vasca decida libremente su futuro» -en el caso de EA- al poner de manifiesto, como subrayó EB, su «fanatismo, intolerancia y fascismo». Aralar, que comparte el Ejecutivo foral alavés con PNV y EA, reclamó a ETA que «apueste por vías exclusivamente democráticas».
Al margen de las valoraciones desde el ámbito político, monseñor Uriarte reclamó en su homilía del día de la patrona de Guipúzcoa a los dirigentes que antepongan la paz a los intereses partidistas. Al tiempo, reprobó «categóricamente la vuelta de ETA a las armas» porque «la pasividad y el silencio no son dignos de ciudadanos responsables» y subrayó que «una paz lograda al margen de la ética es falsa».
La Asociación de Víctimas del Terrorismo exigió, como el PP, la ilegalización de ANV y de EHAK, pero dio un paso más y reclamó que se revoque la resolución del Congreso que autorizó en su día el inicio del diálogo con la banda.
Medios gubernamentales apuntaron que, con su primera aparición por escrito tras romper la tregua, ETA ha pretendido no sólo mantenerse como una espada de Damocles sobre el conjunto de la sociedad, sino también «dar explicaciones a la izquierda abertzale, que está desnortada». De ahí, agregaron, que tras el comunicado se perciba cierta «prisa».
Para los socialistas, la advertencia etarra es la prueba de que «no hubo cesiones políticas» durante el alto el fuego, «a pesar de lo que permanentemente dijo el PP». La organización terrorista, enfatizó José Blanco, debe «perder toda la esperanza» porque el Ejecutivo dijo «no a sus pretensiones» y «les seguiremos diciendo que no». Igual argumento que el 'número tres' del partido del Gobierno utilizó su homólogo en Euskadi, Rodolfo Ares, quien añadió que ETA «se encontrará con la firmeza del Estado de Derecho».
A juicio del PP, el comunicado confirma que «estamos ante una amenaza muy grave». Por ello, su secretario de Justicia, Ignacio Astarloa, exigió al Gabinete Zapatero «hechos concretos» más allá de «medidas policiales» y le emplazó a que haga una política «que no deje resquicios, no deje condescendencias y no responda al tacticismo». En suma, concluyó, que «desempolve lo que estaba destrozando a ETA hace tres años» y muestre su voluntad de «cerrar todas las puertas» procediendo, por ejemplo, a la ilegalización de ANV y de EHAK. Desde el País Vasco, el secretario general de los populares, Carmelo Barrio, valoró el texto etarra -«lo ha podido redactar 'Ternera', 'Txeroki' o el propio Otegi»- como «un nuevo atentado» e inquirió al lehendakari, al hilo de sus reiterados anuncios de que promoverá una consulta con independencia del terrorismo, si «tiene la intención de aprovechar la presión de ETA contra los no nacionalistas».
El Gobierno vasco, por boca de su portavoz, Miren Azkarate, rechazó que la banda siga atribuyéndose «la representación» del pueblo vasco y se preguntó «cuánto tiempo más necesita para enterarse de que no los queremos para nada y que nos dejen en paz». La consejera, que asistió junto a otros miembros del Ejecutivo autónomo a la misa que ofició en el santuario de Arantzazu el obispo Uriarte, constató que a ETA «le importa bastante poco la sociedad» y aún «menos lo que diga la izquierda abertzale», dado que tiene a Batasuna «totalmente sometida». Antes de entrar en el templo, Azkarate recogió de manos de la novia del terrorista Iñaki de Juana Chaos un informe sobre la situación de los presos etarras.
Salvo el PNV, que eludió pronunciarse, los otros dos partidos que forman el Gabinete Ibarretxe acusaron a la banda de constituirse «en el principal obstáculo al servicio de quienes se oponen a que la sociedad vasca decida libremente su futuro» -en el caso de EA- al poner de manifiesto, como subrayó EB, su «fanatismo, intolerancia y fascismo». Aralar, que comparte el Ejecutivo foral alavés con PNV y EA, reclamó a ETA que «apueste por vías exclusivamente democráticas».
Al margen de las valoraciones desde el ámbito político, monseñor Uriarte reclamó en su homilía del día de la patrona de Guipúzcoa a los dirigentes que antepongan la paz a los intereses partidistas. Al tiempo, reprobó «categóricamente la vuelta de ETA a las armas» porque «la pasividad y el silencio no son dignos de ciudadanos responsables» y subrayó que «una paz lograda al margen de la ética es falsa».
La Asociación de Víctimas del Terrorismo exigió, como el PP, la ilegalización de ANV y de EHAK, pero dio un paso más y reclamó que se revoque la resolución del Congreso que autorizó en su día el inicio del diálogo con la banda.
