La reforma del Impuesto de Sociedades ha generado fuertes tensiones entre el PNV y EA en los últimos meses y acusaciones cruzadas de deslealtad que llegaron a enrarecer las relaciones entre ambos partidos. La negativa de Eusko Alkartasuna a aceptar el acuerdo al respecto alcanzado en el Órgano de Coordinación Tributaria -foro de encuentro entre el Gobierno vasco y las diputaciones- torpedeó la reforma en Guipúzcoa, donde sus votos eran decisivos, y amenaza con que, por primera vez en la historia, los empresarios de este territorio paguen este año más impuesto que los de Vizcaya y Álava. Una situación que, al menos en teoría, no permite el ordenamiento jurídico, ya que la Ley de Territorios Históricos impone que los elementos esenciales de la fiscalidad deben ser «idénticos» en todo Euskadi.
La Diputación de Guipúzcoa, controlada por el PNV y EA, busca una mayoría suficiente en las Juntas Generales para evitar ese escenario o limitarlo al máximo. Un pacto que no será posible sin que deje pelos en la gatera alguno de los partidos en el Gobierno o la oposición. EA, que ahora dirige la Hacienda foral, hizo en su día 'casus belli' de su negativa al tipo de gravamen del 28% -el vigente en el resto del País Vasco-, el único que garantiza hoy por hoy la armonización que exige la ley. Transigir en ese punto le resulta difícil de digerir políticamente. Pero no hacerlo sólo acarreará problemas.