
Según relató el regidor socialista en su encuentro semanal con los medios de comunicación, responsables del local acudieron al Ayuntamiento a presentar el proyecto para obtener el obligado permiso a las dos de la tarde del viernes, el mismo día de la apertura. «Al parecer, pretendían que un técnico de Medio Ambiente valorara el plan e, incluso, las condiciones de seguridad del establecimiento en cuestión de horas para así salvar el trámite. Se trata de un procedimiento administrativo rápido, pero se suele prolongar varios días. Evidentemente, en este caso no dio tiempo. Lo que han hecho es una completa falta de respeto a esta institución», censuró.
En opinión de Lazcoz, los dueños de Qimbaya cometieron una «negligencia» al abrir sin que los técnicos inspeccionaran antes el local, por lo que adelantó que «tendrán una sanción». «Están echando un pulso al Ayuntamiento en perjuicio de los asistentes. Les pusieron en riesgo potencial», agregó.
Sobre el argumento esgrimido por los responsables de la discoteca de que no se trataba de una apertura al público, sino de una fiesta privada, el alcalde lo puso en duda. «Ya se verá si eso es así o no. En cualquier caso, esa justificación no tiene ni pies ni cabeza», zanjó.
«Error administrativo»
Los dueños del local, por su parte, negaron a EL CORREO que la sesión se produjera en una situación de irregularidad. «Cumplimos todos los requisitos de seguridad y hemos actuado dentro de la legalidad. Hemos pagado el im-puesto de la licencia de apertura tras pasar las pertinentes inspecciones. Sólo podemos pensar que se ha cometido un error administrativo y nadie nos lo ha notificado. Por tanto seguiremos con nuestra actividad. Y si nos cierran, pediremos daños y perjuicios», aseguraron.
La asociación vecinal Zazpigarren Alaba ya denunció el pasado miércoles que la sala carecía de licencia de apertura. Según el colectivo, el nuevo local «no ha presentado la solicitud de inspección necesaria junto con las mediciones que se deben hacer». Por todo ello, exigieron al Ayuntamiento que actuara «en consecuencia» y no permitiera el «acto privado o público que perturbe el ambiente del vecindario».
Los dueños de la sala restaron representatividad al colectivo. «Las dos comunidades más próximas al negocio no han puesto ninguna objeción», señalaron.







