
La operación policial, dirigida el lunes por el magistrado, se desató contra los sospechosos de liderar y promover todos los actos de kale borroka registrados en la provincia de Álava desde hace tres años, unos 40 incendios y explosiones. Están acusados de la quema de vehículos y del lanzamiento de 'cócteles molotov' contra la Delegación del Gobierno, la Diputación Foral, diversos cajeros de entidades de ahorro, y otros edificios y establecimientos.
Empresarios
Durante los registros de sus domicilios, la Policía encontró material para la confección de artefactos explosivos caseros, un zutabe (boletín interno de ETA) y propaganda y documentación de la organización juvenil radical Segi, declarada terrorista e ilegalizada por el Tribunal Supremo. Los agentes tratan de comprobar si una serie de datos sobre empresarios encontrados en la casa de uno de los detenidos tenían como objeto la realización de sabotajes en industrias que no se someten a la extorsión terrorista.
Uno de los jóvenes que ha ingresado en prisión, Koldo Moreno, ocupó el número 32 de una de las listas anuladas por el Supremo en las elecciones locales del País Vasco, en concreto de una candidatura a las juntas generales de Álava.
Por otra parte, el juez Garzón ordenó que se aplicara a los detenidos un protocolo especial para prevenir la tortura. El juez dio el lunes órdenes precisas a los agentes para que se extremasen las medidas para evitar los malos tratos y las torturas, en la primera vez que se usa en España este protocolo con arrestados vinculados a ETA. Su estancia en las dependencias policiales, por ello, fue grabada en video.
Dentro de esas medidas especiales, el juez autorizó la visita a los arrestados de un médico de su elección. En este caso, los detenidos eligieron a la facultativo y antigua dirigente de HB Mati Iturralde. La dirigente radical se personó en la comisaría para revisar el estado de los detenidos tras los interrogatorios. En todo momento, además, han estado asisitido por los forenses oficiales que también han levantado actas de su estado físico.
Los policías, pese a la incomunicación y las demás restricciones de derechos que marca la legislación antiterrorista, también informaron en todo momento a los familiares y a su abogado de confianza de los arrestos, del lugar de detención y de la situación en la que se hallaban los detenidos.






