Según los socialistas, Rajoy, Aznar y Acebes "tratan de manipular la historia y ocultar la realidad" sobre su gestión al frente del Gobierno durante la tregua de ETA de 1998. "Sólo catorce meses después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el 18 de septiembre de 1998, ETA declara una tregua que durará más de 400 días", periodo durante el cual el Gobierno de Aznar "autorizó contactos con la banda terrorista, se reunió con ETA y con Batasuna, acercó a más de 120 presos a cárceles próximas al País Vasco y excarceló a otros 200 terroristas".
El PSOE detalla una cronología de los hechos entre el asesinato del concejal popular hace diez años, y el fin de la tregua de ETA en noviembre de 1999, periodo en el que hubo nueve asesinatos por parte de los terroristas y se produjeron gestos y "negociaciones" del Ejecutivo de Aznar. Según el PSOE, Rajoy admitió en aquel entonces que con todos esos "gestos" el Ejecutivo trataba de alcanzar la paz definitiva en España. A este respecto, los socialistas subrayan que "nadie acusó" al Gobierno de "traicionar el sspíritu de Ermua o violar la memoria de Miguel Ángel Blanco por dialogar con ETA ni por acercar y excarcelar presos etarras cuando apenas había pasado un año de su asesinato", y por ello deplora que los dirigentes populares "utilicen" la memoria del concejal de Ermua contra el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Sobre las reformas estatutarias, el PP -según los socialistas- mantiene ante las reformas una actitud "hipócrita, incoherente y contradictoria", ya que "ha recurrido ante el Constitucional más de la mitad de los artículos del nuevo Estatuto de Cataluña porque suponían una 'ruptura del modelo constitucional español', pero ha votado a favor otras reformas como la andaluza, que contiene artículos idénticos. Entre los artículos que son iguales en los textos catalán y andaluz, el PSOE se refiere a los del derecho a una muerte digna, la Administración de Justicia, las Cajas de Ahorro, consultas populares, Emergencias y protección civil, Universidades, Designación de miembros del Constitucional y del CGPJ o acciones en el exterior. Además, compara la negativa del PP en el caso catalán con la actitud a favor en el canario sobre Vacantes de Jueces y magistrados, Tribunales Superiores, Regulación del Fiscal Superior, sobre Planta Judicial, Inmigración o Aeropuertos y Puertos.







