En realidad, del Olmo sólo cede a Garzón la investigación sobre el origen de la documentación falsa que llevaban los dos etarras, pero no de los cuatro números de teléfonos, dos españoles y dos franceses, que llevaban para contactar en caso de dificultades.
a decisión de Del Olmo se produce después de que ayer Garzón remitiera a su compañero una "ampliación de los razonamientos objetivos" por los que reclama esta causa, entre los que se incluye un número de teléfono vinculado a Suárez que se incluía en las diligencias iniciales del juez central de instrucción número 5, informaron fuentes juridicas.
La juez Le Vert
El origen de este conflicto entre los magistrados de la Audiencia Nacional está en la remisión por parte de la juez antiterrorista Laurence Le Vert de una comisión rogatoria en la que inquiría sobre los posibles contactos entre el Gobierno y los etarras Iurrebaso y Suárez. Garzón reclamó la tramitación de esta comisión rogatoria y llevó el asunto al Pleno de la Sala de lo Penal, aunque su maniobra quedó "sin efecto" porque Del Olmo contestó a la juez francesa (con los datos que le remitió el Ministerio del Interior), un dia antes de que la Sala se pronunciara al respecto.
La investigación que ahora se cede a Garzón deriva de la anterior, al tratarse de las diligencias previas que el juez central de Instrucción número 6 abrió tras deducir testimonio de los documentos que a su vez le remitió Le Vert sobre las documentaciones y matrículas falsas encautadas a Iurrebaso y Suárez.
Las diligencias cedidas a Garzón se refieren concretamente a delitos de falsificación de placas de matrícula, robo de vehículos y falsificación de documentos, todos ellos cometidos en España con el fin de facilitar infraestructura a Iurrebaso y Suárez, por lo que en España el lugar donde estos hechos deben ser investigados.






