POLÍTICA
«Las deslocalizaciones no pueden salir gratis a las empresas»
08.07.07 -
-Decenas de miles de trabajadores siguen sin renovar su convenio colectivo por falta de acuerdo. ¿Qué propone para solucionar este problema?
-El Gobierno no puede entrometerse, salvo para animar e instar a las partes a negociar. También podemos poner a su disposición aquellos órganos que faciliten el acuerdo. Desgraciadamente, en el Consejo de las Relaciones Laborales (CRL), la no presencia del sindicato mayoritario (en referencia de ELA) no ayuda.
-¿Pero de quién es la responsabilidad de este bloqueo?
-Es simplista ese intento de pasarnos la responsabilidad de unos a otros, porque es compartida. Si no hay acuerdo entre las partes no es porque unos no quieran negociar, sino porque no se llega a un consenso. Por eso plantear que la responsabilidad la tiene un sindicato o los sindicatos en su conjunto o sólo la patronal no es justo, porque no es cierto.
-Ha señalado que la ausencia de ELA en el CRL supone una gran dificultad. De hecho, la crisis de este tipo de organismos es generalizada en Euskadi. ¿Qué fórmulas plantea para hacerlos operativos?
-Es un asunto que se está abordando en el Parlamento vasco a instancias del tripartito. Espero que las conclusiones de esa ponencia se puedan producir dentro de este mismo año, lo que servirá al Gobierno para avanzar en los cambios que se deban introducir desde el punto de vista de la normativa.
-El pasado jueves presentó un plan para combatir la siniestralidad laboral. Una de las propuestas que incluye consiste en aumentar el número de inspectores de trabajo, pero ésa es una competencia de la Administración central.
-Por eso exigimos su transferencia inmediata. Nosotros planteamos llegar a un inspector por cada 8.000-9.500 trabajadores y, por contra, ahora estamos con uno por cada 20.000. Tenemos una buena inspección, son buenos profesionales, pero con esa plantilla no damos abasto, hasta el punto de que hemos habilitado a 17 técnicos de Osalan para hacer labores de inspección. No tendríamos por qué haberlo hecho desde el punto de vista político, pero estamos hablando de vidas humanas. Aparte de esta medida, el plan tiene otros dos pilares: la formación y que las empresas con certificaciones en materia de prevención de riesgos laborales tengan un 'plus' en la contratación con la Administración. El objetivo es reducir el número de accidentes graves, muy graves y mortales a la mitad de aquí a 2010.
Control
-El Gobierno vasco también trabaja en un plan contra la deslocalización. ¿Podría adelantar sus grandes líneas?
-Son medidas que tratan de evitar que la deslocalización salga gratis a las empresas; es decir, que reciban ayudas de las administraciones para instalarse aquí y, cuando han hecho su negocio, desaparezcan y se marchen a otros países con mano de obra más barata. Hay que introducir elementos de control y obligarles a devolver las ayudas. También actuar sobre otros aspectos, como impedir que se especule con el suelo donde están ubicadas.
-El Gobierno no puede entrometerse, salvo para animar e instar a las partes a negociar. También podemos poner a su disposición aquellos órganos que faciliten el acuerdo. Desgraciadamente, en el Consejo de las Relaciones Laborales (CRL), la no presencia del sindicato mayoritario (en referencia de ELA) no ayuda.
-¿Pero de quién es la responsabilidad de este bloqueo?
-Es simplista ese intento de pasarnos la responsabilidad de unos a otros, porque es compartida. Si no hay acuerdo entre las partes no es porque unos no quieran negociar, sino porque no se llega a un consenso. Por eso plantear que la responsabilidad la tiene un sindicato o los sindicatos en su conjunto o sólo la patronal no es justo, porque no es cierto.
-Ha señalado que la ausencia de ELA en el CRL supone una gran dificultad. De hecho, la crisis de este tipo de organismos es generalizada en Euskadi. ¿Qué fórmulas plantea para hacerlos operativos?
-Es un asunto que se está abordando en el Parlamento vasco a instancias del tripartito. Espero que las conclusiones de esa ponencia se puedan producir dentro de este mismo año, lo que servirá al Gobierno para avanzar en los cambios que se deban introducir desde el punto de vista de la normativa.
-El pasado jueves presentó un plan para combatir la siniestralidad laboral. Una de las propuestas que incluye consiste en aumentar el número de inspectores de trabajo, pero ésa es una competencia de la Administración central.
-Por eso exigimos su transferencia inmediata. Nosotros planteamos llegar a un inspector por cada 8.000-9.500 trabajadores y, por contra, ahora estamos con uno por cada 20.000. Tenemos una buena inspección, son buenos profesionales, pero con esa plantilla no damos abasto, hasta el punto de que hemos habilitado a 17 técnicos de Osalan para hacer labores de inspección. No tendríamos por qué haberlo hecho desde el punto de vista político, pero estamos hablando de vidas humanas. Aparte de esta medida, el plan tiene otros dos pilares: la formación y que las empresas con certificaciones en materia de prevención de riesgos laborales tengan un 'plus' en la contratación con la Administración. El objetivo es reducir el número de accidentes graves, muy graves y mortales a la mitad de aquí a 2010.
Control
-El Gobierno vasco también trabaja en un plan contra la deslocalización. ¿Podría adelantar sus grandes líneas?
-Son medidas que tratan de evitar que la deslocalización salga gratis a las empresas; es decir, que reciban ayudas de las administraciones para instalarse aquí y, cuando han hecho su negocio, desaparezcan y se marchen a otros países con mano de obra más barata. Hay que introducir elementos de control y obligarles a devolver las ayudas. También actuar sobre otros aspectos, como impedir que se especule con el suelo donde están ubicadas.
