SOCIEDAD
Las familias vascas no recibirán los 2.500 euros por cada nuevo hijo que prometió Zapatero
Las diputaciones tendrían que incorporar esta medida a su normativa fiscal para que pudiera aplicarse en Euskadi El País Vasco apuesta por «mejorar los servicios sociales»
REACCIONES
El portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Diego López Garrido, explicó ayer ante la Junta de Portavoces del Congreso que la ayuda de 2.500 euros prometida por el presidente del Gobierno a las familias que estrenen paternidad se efectuará a través de «un pago adelantado a cuenta del IRPF». José Luis Rodríguez Zapatero anunció que la subvención estaba dirigida a todas las mujeres con residencia legal en España, pero la fórmula elegida para aplicarla deja fuera a las familias del País Vasco, por resultar incompatible con el régimen fiscal de la comunidad autónoma. Sólo entraría en vigor si las Diputaciones, con soberanía para decidir sobre qué y cuánto desgravar, lo incorporan a su normativa.
Para que los 2.500 euros lleguen a los hogares vascos el Ejecutivo central tendría que elegir otro camino. El problema ya surgió en 2003, cuando el Gobierno español decidió otorgar una paga de cien euros mensuales por cada hijo menor de tres años. Tampoco los padres vascos pudieron entonces ni pueden hoy solicitar esta cantidad a la Agencia Tributaria. El motivo, el mismo: se concede con cargo a los impuestos.
La filosofía del Gobierno vasco para conciliar actividad laboral y vida familiar es, además, «distinta»; ya lo ha dicho en más de una ocasión Joseba Azkarraga, consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social: «Nuestro modelo se decanta por la subvención de guarderías, frente a la ayuda económica directa a los padres, para que sean éstos quienes decidan el sistema de atención para con sus hijos».
Consciente quizá de la sensación de discriminación que se puede instalar en el seno de los hogares vascos al no verse beneficiados por los 2.500 euros prometidos por Rodríguez Zapatero, el propio Azkarraga pedía ayer al Gobierno que no los «camufle» a través de la fiscalidad, sino que los entregue de forma directa, «para que sean compatibles» con las ayudas que ahora ofrece su Departamento. Se apresuraba a recalcar, no obstante, que «esto no quiere decir que las personas que viven aquí estén más desprotegidas, todo lo contrario».
Azkarraga recordó que el Ejecutivo vasco destina cada año 350 millones para impulsar medidas relacionadas con la natalidad «a través de un plan integral y no en ayudas puntuales». Además, recalcó que tienen el compromiso de que en el horizonte de 2020 estas ayudas puedan acercarse hasta los 18 años: «En Euskadi, se dan ayudas económicas para los tres primeros hijos».
«Hay recursos»
El asunto, que hoy será tratado en el Consejo de Ministros, según avanzó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, circulaba también entre las filas del Congreso de los Diputados, en Madrid. El PNV planteó «evitar duplicidades administrativas» a la hora de regular la ayuda, lo que respaldó por unanimidad el hemiciclo. La propuesta nacionalista instaba al Gobierno a respetar «las competencias exclusivas que en materia social tienen las comunidades autónomas» y exigía seguir esta política con las medidas de apoyo a la natalidad.
A José Luis Rodríguez Zapatero le tocó dar explicaciones a prácticamente todos los grupos parlamentarios. Llamó a la calma al asegurar que «por supuesto que se cuenta con los recursos» -hacen falta por lo menos 1.202 millones de euros- para materializar la promesa de los 2.500 euros por cada nuevo hijo y negó los «tintes electoralistas» de su anuncio. Recalcó que «quizá otros lo hubieran hecho en un congreso de familia, pero yo lo he hecho en la sede de la representación popular». La oposición, a través de la parlamentaria popular Ana Pastor, salió a la palestra para pedir que la subvención llegue «a todas la madres con independencia de la fecha en la que dieron a luz».
Para que los 2.500 euros lleguen a los hogares vascos el Ejecutivo central tendría que elegir otro camino. El problema ya surgió en 2003, cuando el Gobierno español decidió otorgar una paga de cien euros mensuales por cada hijo menor de tres años. Tampoco los padres vascos pudieron entonces ni pueden hoy solicitar esta cantidad a la Agencia Tributaria. El motivo, el mismo: se concede con cargo a los impuestos.
La filosofía del Gobierno vasco para conciliar actividad laboral y vida familiar es, además, «distinta»; ya lo ha dicho en más de una ocasión Joseba Azkarraga, consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social: «Nuestro modelo se decanta por la subvención de guarderías, frente a la ayuda económica directa a los padres, para que sean éstos quienes decidan el sistema de atención para con sus hijos».
Consciente quizá de la sensación de discriminación que se puede instalar en el seno de los hogares vascos al no verse beneficiados por los 2.500 euros prometidos por Rodríguez Zapatero, el propio Azkarraga pedía ayer al Gobierno que no los «camufle» a través de la fiscalidad, sino que los entregue de forma directa, «para que sean compatibles» con las ayudas que ahora ofrece su Departamento. Se apresuraba a recalcar, no obstante, que «esto no quiere decir que las personas que viven aquí estén más desprotegidas, todo lo contrario».
Azkarraga recordó que el Ejecutivo vasco destina cada año 350 millones para impulsar medidas relacionadas con la natalidad «a través de un plan integral y no en ayudas puntuales». Además, recalcó que tienen el compromiso de que en el horizonte de 2020 estas ayudas puedan acercarse hasta los 18 años: «En Euskadi, se dan ayudas económicas para los tres primeros hijos».
«Hay recursos»
El asunto, que hoy será tratado en el Consejo de Ministros, según avanzó la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, circulaba también entre las filas del Congreso de los Diputados, en Madrid. El PNV planteó «evitar duplicidades administrativas» a la hora de regular la ayuda, lo que respaldó por unanimidad el hemiciclo. La propuesta nacionalista instaba al Gobierno a respetar «las competencias exclusivas que en materia social tienen las comunidades autónomas» y exigía seguir esta política con las medidas de apoyo a la natalidad.
A José Luis Rodríguez Zapatero le tocó dar explicaciones a prácticamente todos los grupos parlamentarios. Llamó a la calma al asegurar que «por supuesto que se cuenta con los recursos» -hacen falta por lo menos 1.202 millones de euros- para materializar la promesa de los 2.500 euros por cada nuevo hijo y negó los «tintes electoralistas» de su anuncio. Recalcó que «quizá otros lo hubieran hecho en un congreso de familia, pero yo lo he hecho en la sede de la representación popular». La oposición, a través de la parlamentaria popular Ana Pastor, salió a la palestra para pedir que la subvención llegue «a todas la madres con independencia de la fecha en la que dieron a luz».
