
Según el documento suscrito, el Defensor del Vecino recibió varias quejas de una comunidad de propietarios del centro de la ciudad por los «graves problemas de convivencia» que originaba la actividad de un burdel en el edificio de viviendas. Según relata el texto, los vecinos estaban molestos por la presencia en el inmueble de «personas extrañas, a cualquier día del día o de la noche, ruidos, gritos y suciedad en el ascensor y el portal».
Ante estas protestas, el Síndico puso el caso en conocimiento de la Policía Municipal para que comprobara la verdadera naturaleza de la actividad que se realizaba en la vivienda en cuestión. En los días posteriores, agentes de la Guardia Urbana comprobaron que el número de móvil del presunto gabinete de masajes terapéutico coincidía con el de varios anuncios de mujeres que ofrecían contactos sexuales en las páginas de la prensa.
Los policías efectuaron una llamada a ese número y la mujer que descolgó les informó de las distintas tarifas de los servicios sexuales ofertados. A continuación, les remitió para esos contactos a la calle Dato. Sin embargo, al acudir allí nadie atendió las llamadas al portero automático ni a la puerta de acceso al piso.
Dos brasileñas y una rusa
Días más tarde, los agentes comprobaron que en las páginas de contactos de un diario se anunciaba otra mujer con el mismo número de móvil. Llamaron de nuevo y una mujer les volvió a facilitar los precios de los servicios sexuales y les indicó que había «cuatro chicas, dos brasileñas, morenas, una rusa y una catalana». Como la primera vez, les facilitó la misma dirección en Dato.
Acudieron a la vivienda y después de identificarse como efectivos de la Guardia Urbana, procedieron a comprobar la filiación de la mujer que les abrió la puerta. Natural de la República Dominicana, les aseguró que vive allí con su marido y que, «en ocasiones, acuden algunas amigas suyas». En todo momento negó que se ejerciera la prostitución. Durante la intervención, se personó en el lugar una joven de nacionalidad rusa, según recoge el informe.
A la luz de las quejas vecinales y del relato policial, el Síndico considera que queda «suficientemente acreditado» el incumplimiento de las condiciones de la licencia de actividad que dispone el piso y el uso de la misma como «mera pantalla de un prostíbulo».
Entiende, por tanto, que el permiso municipal es una «manifiesta falsedad», por lo que solicita su cancelación.






