ALAVÉS
La jugada redonda
La declaración del proceso concursal ha salvado de la desaparición o del descenso a Las Palmas, Málaga y Sporting, pero corre riesgo de convertirse en un refugio para malos gestores
01.07.07 -
LAS PALMAS. Edu Alonso defiende a un jugador canario en un partido de esta campaña. / N. GONZÁLEZ
LOS PRECEDENTES
Casi con toda probabilidad, el Alavés será el cuarto club de Segunda División que se someterá a la declaración de proceso concursal. La experiencia de sus tres predecesores -Las Palmas, Sporting de Gijón y Málaga- no puede decirse que haya sido negativa. Este trío ha logrado sobrevivir a deudas monstruosas, que amenazaban su categoría e incluso la propia existencia. Sujetos ahora a una 'economía de guerra', su balance, sin embargo, no es malo. Claro que la perspectiva es opuesta si se consulta a sus acreedores y trabajadores. En todos los casos, las deudas se redujeron vía decreto y los acreedores se quedaron sin la mitad de lo que les debían, con plazos de hasta cinco años para cobrar; se activaron expedientes de regulación de empleo y algunos trabajadores y futbolistas se fueron a la calle.
Como muy bien dijo en su comparecencia del viernes Javier Tebas, el abogado de Dmitry Piterman, la Ley Concursal del 9 de julio de 2003 es un instrumento. Se creó para la intervención judicial en todo tipo de sociedades y empresas cuya insolvencia fuese probada. El proceso concursal garantiza que al menos una parte de lo que se debe llegará a manos de los acreedores; ése es uno de sus objetivos. La ley es tan amplia que va desde la liquidación completa de la sociedad y el reparto de los activos entre los deudores al mantenimiento de los gestores deportivos bajo la fiscalización de los administradores concursales. Pero lo que se constituyó también como una vía de supervivencia para sociedades insolventes, en el mundo del fútbol amenaza con convertirse en una panacea para malos gestores. Ése es el horizonte por el que apuesta el Alavés.
Las Palmas fue pionero al recurrir a la declaración de concurso el 4 de noviembre de 2004. El proceso en aquel caso y en todos es el siguiente: El gestor presenta en el Juzgado de lo Mercantil la documentación que a su juicio acredita la insolvencia del club. A esto se le llama un concurso voluntario. Si es a iniciativa de un acreedor, se le denomina necesario. El juez toma el asunto y desde que declara la situación de concurso -una o dos semanas desde la presentación de los documentos- se congelan todos los embargos o hipotecas que pesan sobre la entidad.
Al mismo tiempo, el juzgado nombra los administradores concursales -un auditor- economista, un abogado y un representante de los acreedores-, que son los que fiscalizarán las actuaciones de los gestores del club, si es que no han sido apartados. Asimismo, elaboran un informe de la situación de la entidad y proponen a la junta de acreedores las cantidades que se deberán pagar, con una reducción de hasta el 50% y plazos de pago de cinco años.
De 72 a 20,8 millones
La asamblea debe aprobar por mayoría esta propuesta. Mientras tanto se reanuda el funcionamiento 'normal' de la entidad, que pasa por una supervisión exhaustiva de cada euro que se gasta e ingresa. El club no puede entrar en nuevas deudas. Porque una vez establecidos los nuevos márgenes económicos, los plazos y las formas de pago, la sociedad deportiva debe seguir por el raíl bajo amenaza de liquidación.
En Las Palmas se pasó de un pasivo de 72 millones de euros a 20,8. El juez, Juan José Cobo Plana, se implicó tanto en el proceso que apartó al consejo de administración, relevó al entrenador, ordenó un embargo contra la Federación Española de Fútbol y se enfrentó a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) al considerar que las denuncias que tenía el sindicato quedaban también 'congeladas'. El club, en aquel momento en Segunda B, no iba a descender por impagos, en opinión del juez de lo Mercantil. Y no lo hizo.
En Gijón, la interpretación de la ley fue notablemente distinta por el juez encargado, Javier Antón Guijarro, aunque los efectos fueron prácticamente idénticos. El Sporting, cuyo concurso se declaró el 14 de junio de 2005, pasó de 48,9 millones de deuda a 18. Antón Guijarro se limitó a tutelar el proceso desde un punto de vista más formal. Atendió la recomendación planteada por los administradores concursales y mantuvo en sus cargos a los gestores de la casa futbolística. No se enfrentó a la AFE y consideró que el descenso administrativo de categoría podía producirse de forma independiente al desarrollo del concurso.
En proceso
En Málaga se hallan en pleno proceso, ya que todavía no se ha convocado el concurso de acreedores. Los administradores negocian una rebaja de la deuda con Hacienda -máxima acreedora de la entidad con 16 millones- para poder convocar la junta de deudores. En la capital de la Costa del Sol se puso en marcha el concurso el 23 de noviembre de 2006 con la decisión del juez Enrique Sanjuán de admitir la documentación presentada por la directiva encabezada por Lorenzo Sanz.
En este caso, los administradores tampoco han apartado a los gestores deportivos de sus funciones, aunque vigilan cada uno de sus movimientos. El Málaga parte con un 'agujero' de 27,8 millones y, según el plan de viabilidad elaborado por los miembros concursales, ahora debe pagar un millón a los jugadores.
Como muy bien dijo en su comparecencia del viernes Javier Tebas, el abogado de Dmitry Piterman, la Ley Concursal del 9 de julio de 2003 es un instrumento. Se creó para la intervención judicial en todo tipo de sociedades y empresas cuya insolvencia fuese probada. El proceso concursal garantiza que al menos una parte de lo que se debe llegará a manos de los acreedores; ése es uno de sus objetivos. La ley es tan amplia que va desde la liquidación completa de la sociedad y el reparto de los activos entre los deudores al mantenimiento de los gestores deportivos bajo la fiscalización de los administradores concursales. Pero lo que se constituyó también como una vía de supervivencia para sociedades insolventes, en el mundo del fútbol amenaza con convertirse en una panacea para malos gestores. Ése es el horizonte por el que apuesta el Alavés.
Las Palmas fue pionero al recurrir a la declaración de concurso el 4 de noviembre de 2004. El proceso en aquel caso y en todos es el siguiente: El gestor presenta en el Juzgado de lo Mercantil la documentación que a su juicio acredita la insolvencia del club. A esto se le llama un concurso voluntario. Si es a iniciativa de un acreedor, se le denomina necesario. El juez toma el asunto y desde que declara la situación de concurso -una o dos semanas desde la presentación de los documentos- se congelan todos los embargos o hipotecas que pesan sobre la entidad.
Al mismo tiempo, el juzgado nombra los administradores concursales -un auditor- economista, un abogado y un representante de los acreedores-, que son los que fiscalizarán las actuaciones de los gestores del club, si es que no han sido apartados. Asimismo, elaboran un informe de la situación de la entidad y proponen a la junta de acreedores las cantidades que se deberán pagar, con una reducción de hasta el 50% y plazos de pago de cinco años.
De 72 a 20,8 millones
La asamblea debe aprobar por mayoría esta propuesta. Mientras tanto se reanuda el funcionamiento 'normal' de la entidad, que pasa por una supervisión exhaustiva de cada euro que se gasta e ingresa. El club no puede entrar en nuevas deudas. Porque una vez establecidos los nuevos márgenes económicos, los plazos y las formas de pago, la sociedad deportiva debe seguir por el raíl bajo amenaza de liquidación.
En Las Palmas se pasó de un pasivo de 72 millones de euros a 20,8. El juez, Juan José Cobo Plana, se implicó tanto en el proceso que apartó al consejo de administración, relevó al entrenador, ordenó un embargo contra la Federación Española de Fútbol y se enfrentó a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) al considerar que las denuncias que tenía el sindicato quedaban también 'congeladas'. El club, en aquel momento en Segunda B, no iba a descender por impagos, en opinión del juez de lo Mercantil. Y no lo hizo.
En Gijón, la interpretación de la ley fue notablemente distinta por el juez encargado, Javier Antón Guijarro, aunque los efectos fueron prácticamente idénticos. El Sporting, cuyo concurso se declaró el 14 de junio de 2005, pasó de 48,9 millones de deuda a 18. Antón Guijarro se limitó a tutelar el proceso desde un punto de vista más formal. Atendió la recomendación planteada por los administradores concursales y mantuvo en sus cargos a los gestores de la casa futbolística. No se enfrentó a la AFE y consideró que el descenso administrativo de categoría podía producirse de forma independiente al desarrollo del concurso.
En proceso
En Málaga se hallan en pleno proceso, ya que todavía no se ha convocado el concurso de acreedores. Los administradores negocian una rebaja de la deuda con Hacienda -máxima acreedora de la entidad con 16 millones- para poder convocar la junta de deudores. En la capital de la Costa del Sol se puso en marcha el concurso el 23 de noviembre de 2006 con la decisión del juez Enrique Sanjuán de admitir la documentación presentada por la directiva encabezada por Lorenzo Sanz.
En este caso, los administradores tampoco han apartado a los gestores deportivos de sus funciones, aunque vigilan cada uno de sus movimientos. El Málaga parte con un 'agujero' de 27,8 millones y, según el plan de viabilidad elaborado por los miembros concursales, ahora debe pagar un millón a los jugadores.
