El tribunal que juzga el 11-M rechazó hoy adoptar medidas de protección para preservar la identidad de la "fuente" que presuntamente informó al ex director general de la Policía Agustín Díaz de Mera sobre un supuesto informe que relacionaba a ETA con los atentados, al entender que su "anonimato" ha quedado roto por "vía directa o indirecta".
La sección segunda de la Sala de lo Penal adopta esta decisión en un auto dictado a raíz de que Díaz de Mera remitiera al presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, una carta en la que desvelaba la identidad de esa "fuente" tras negarse a hacerlo cuando declaró en la vista, lo que le valió una multa de mil euros y la apertura de un procedimiento por desobediencia grave a la autoridad.
La Sala recuerda que la Ley permite a los jueces "mantener en el anonimato la identidad de los testigos" para preservarles de "eventuales peligros" o de presiones y amenazas.
Sin embargo, "cuando, como ocurre en este caso, por vía directa o indirecta -publicación en los medios de comunicación y carta dirigida por el afectado a sus superiores, respectivamente-, ese anonimato ha quedado roto, carece de objeto la protección, apareciendo injustificada la reserva de la identidad del testigo".
El tribunal señala además que su declaración como testigo "ya ha sido admitida" con anterioridad a la comparecencia en el juicio de Díaz de Mera y al mantenerle sometido "al régimen ordinario" "procede poner en conocimiento de las partes el número de carné profesional -registro personal- y unidad a la que está adscrito".
En concreto, según fuentes jurídicas, aparece en la lista de testigos con el número 405: el comisario Enrique García Castaño, antiguo responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía.
