El Gobierno español tiene la sensación de haber hecho los deberes y defiende que ya ha facilitado toda la información de la que dispone sobre el uso de aeropuertos españoles por parte de la CIA para el traslado de presos por terrorismo.
La reacción del Ejecutivo se produce después de que la Audiencia Nacional haya reclamado que se desclasifiquen todos los "datos, documentos, notas, informes, análisis, investigaciones, etc" en poder de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) y otros servicios de información sobre los vuelos secretos de la CIA.
El Consejo de Ministros de mañana podría estudiar la desclasificación de los documentos, tal y como ha pedido el juez Ismael Moreno.
Según han señalado fuentes del ejecutivo a Radio 5, el Gobierno defiende la claridad informativa demostrada en todo lo concerniente a la polémica. Las comparecencias de Moratinos y el presidente del Gobierno explicando todos los detalles del caso son la demostración, a su juicio, de que ha actuado de forma correcta.
En este sentido, las fuentes consultadas precisan que se ha entregado toda la información con la que cuenta el Ejecutivo al respecto y, de hecho, valoran de forma especial que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, haya sido el único ministro europeo que compareció en la Eurocámara para abordar la cuestión.
Por último, las fuentes aseguran que, en ningún caso, se han violado los derechos humanos en territorio español.
Problemas en Alemania
Ayer, la fiscalía de Múnichdictó orden de detención contra 13 supuestos miembros de la CIA relacionados con los vuelos secretos y presuntamente implicados en el secuestro del ciudadano alemán de origen libanés Jaled El Masri.
El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, declarará el 8 de marzo ante la comisión parlamentaria que investiga el caso del ex preso de Guantánamo Murat Kurnaz como parte del complejo de las detenciones ilegales de la CIA y del papel desarrollado por el Gobierno de Berlín. La comisión también llamará a declarar el mismo día al ex ministro del Interior Otto Schily, ya que considera que ambos impidieron la liberación de Kurnaz en 2002.
