En un desayuno informativo del Fórum Europa, Conde-Pumpido ha recordado que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha estimado reiteradamente que este tipo de entrevistas no constituyen delito alguno, posición que -ha dicho- ha sido refrendada además por el Tribunal Supremo al no admitir una querella "que pretendía criminalizar este tipo de reuniones". Asimismo, ha recalcado que desde el punto de vista político "cada uno puede tener una opinión crítica sobre si es conveniente o no, procedente o no, ese tipo de actividades", aunque ha aclarado que desde el punto de vista jurídico el Ministerio Público mantiene el criterio de que no es delito.
Sobre la postura de la Fiscalía sobre los casos judiciales de Otegi, ha dicho que se han aplicado las normas jurídicas y que la institución que dirige no está "para responder a aquellas indicaciones que se le hagan desde los medios políticos o mediáticos" y que hará en cada momento lo que estime procedente. Así, ha indicado que la Fiscalía mantendrá su solicitud de pena cuando se vea en el Tribunal Supremo el recurso de casación a la condena que le impuso la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo y que no ha instado de momento ninguna nueva comparecencia ni medida cautelar.
Por otra parte, preguntado sobre el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), ha explicado que jurídicamente siguen sin concurrir los requisitos para su ilegalización, aunque ha recalcado que si ante las próximas elecciones municipales "se aprecia que se pretende utilizar esta carcasa como instrumento a través del cual defraudar la Ley de Partidos instaremos la ilegalización de esas candidaturas".
Abstenerse
Se ha remitido a la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual -ha señalado- la formación que condena el terrorismo puede eximirse de la ilegalización pero que "el mero hecho de abstenerse de ello no es suficiente para formular por si misma una ilegalización". Por ello "haremos en cada momento lo que la ley nos mande", ha recalcado.
Asimismo, ha calificado de responsable la postura de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de dar "máxima agilidad" a la tramitación del recurso de casación del preso etarra Iñaki de Juana Chaos, que se encuentra en huelga de hambre, contra su condena a doce años y medio por amenazas terroristas.
La postura de la Fiscalía en este recurso -ha dicho- mantendrá la que tuvo en la vista oral impugnando los dos recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional -el de la AVT que pedía un aumento de la pena a 96 años de prisión y el de la defensa que solicitaba la absolución- y pidiendo que se mantenga el fallo o, alternativamente, cuatro años de cárcel.
Imparcialidad
Durante su discurso, el fiscal general ha insistido en la imparcialidad de la institución y ha recalcado que "nadie le puede ordenar lo que tiene que hacer, ni el Gobierno, ni desde luego, la oposición". "Pretender que el gobierno dé órdenes al fiscal para que éste pida o deje de pedir la apertura de un juicio oral como sucede en el caso Egunkaria" es algo "que no tiene cabida de ninguna manera en nuestra legalidad vigente", ha manifestado Conde-Pumpido, quien se ha preguntado "qué concepto de legalidad e imparcialidad podría justificar que el fiscal se presente ante un juez y le pida la apertura de un juicio oral sin pruebas".
Por ello, considera que la mejor garantía de la imparcialidad del fiscal es "que los políticos nos dejen trabajar en paz" y sostiene que los fiscales -a "los que no les preguntamos qué emisora escuchan y qué periódico leen"- seguirán aplicando la ley a cada caso, de terrorismo "o de lo que sea".
