La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy instar a los responsables políticos de la Comunidad Autónoma del País Vasco al cese de las declaraciones que descalifican y cuestionan la actuación profesional de integrantes de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Según explicaba el presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, en un escrito remitido el lunes al CGPJ "nunca había asistido a una campaña tan intensa y prolongada de acoso y deslegitimación, no sólo en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma, sino en el ámbito de todo el Estado".
De proseguir las "expresiones y descalificaciones" contra los jueces "podrían llegar a ser susceptibles de perturbar o inquietar a los integrantes de la mencionada Sala, en concreto en lo que se refiere al procedimiento penal en curso en el que aparece como imputado el lehendakari del Gobierno vasco", señala el CGPJ quien reitera "el legítimo derecho a la crítica racional de las resoluciones judiciales como una manifestación del derecho a la libertad de expresión". Este acuerdo se ha aprobado con el voto en contra de dos vocales de la minoría progresista, Luis Aguiar y Juan Carlos Campo.
El portavoz del Consejo, Enrique López, explicó que la Permanente no había concedido el amparo a Ruiz Piñeiro, porque él mismo decía en su escrito que, a pesar de las críticas, no se sentía inquietado en su independencia judicial. No obstante, el presidente del TSJPV denunciaba haber detectado "un salto cualitativo" desde el jueves pasado, que convirtió las descalificaciones en calumnias contra los jueces que componen el tribunal.
Viviendas de la cúpula judicial
Por otro lado, el consejo acordó por unanimidad negarse a hacer una declaración contra la decisión del Consejo de Gobierno vasco del pasado 26 de septiembre de 2006 de retirar las viviendas que ocupaba la cúpula judicial en Euskadi, ya que se enmarca "dentro de las competencias del mencionado órgano, al igual que han venido haciendo otras Administraciones Públicas".
También decidieron por unanimidad de los cinco miembros de la Comisión Permanente declarar que las críticas realizadas por el vocal Juan Pablo González contra el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, en relación con una huelga realizada por los funcionarios vascos, fueron efectuadas a título personal o individual, ya que el órgano de gobierno de los jueces no ha hecho ninguna valoración al respecto.
