La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado hoy al juez de este tribunal Ismael Moreno que se declare competente para investigar el hallazgo de un listado de concejales de la coalición PNV-EA en Zarautz y de varios agentes de la Policía Municipal en una herriko taberna de esta localidad.
Según informaron fuentes del ministerio público, el fiscal Vicente González Mota entregó hoy al magistrado un escrito en el que, en respuesta a la petición que le hizo éste el pasado viernes sobre la posibilidad de emprender acciones penales por estos hechos, le pide que admita la competencia por un supuesto delito de colaboración con organización terrorista.
El fiscal solicita también al juez que ordene a la Guardia Civil, que encontró el listado durante un registro en la herriko taberna Arrano de Zarauz practicado el pasado 23 de octubre, que elabore un informe sobre la eventual relación de los titulares o responsables del establecimiento con ETA.
Frente a las dudas que en algunos ámbitos judiciales había planteado la legalidad del hallazgo, al haberse producido en el curso de un registro cuya finalidad era hacer inventario, las fuentes consultadas señalaron que en principio no plantea ningún problema, ya que la orden del Supremo era hacer una lista de lo que había en las herrikos, lo que incluye toda la documentación. Los papeles estaban escritos en euskera -las fuentes no precisaron si a mano o mecanografiados- y el juez ha ordenado su traducción.
33 sedes en peligro de cierre
Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha ordenado a 33 herriko tabernas que aporten datos sobre su situación económica y ha advertido a sus responsables de que serán clausuradas si no presentan estas cuentas antes del próximo día 18, informaron hoy fuentes jurídicas.
Estas fuentes explicaron que agentes de la Ertzaintza están acudiendo a estas sedes y comunicando personalmente a sus responsables la orden emitida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, quien investiga la financiación de ETA a través de las ' herriko tabernas', controladas por Batasuna.
De las 75 herriko tabernas administradas judicialmente por orden del juez Garzón, 33 de ellas han incumplido la obligación de mantener informado al administrador de su balance económico para determinar, entre otros aspectos, "los posibles desvíos que puedan originarse fuera de la actividad ordinaria de la empresa".