El Correo

Vitoria, 1 dic (EFE).- La Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria han rubricado hoy el acuerdo mediante el cual se transfieren y se reordenan las competencias en materia de servicios sociales, un proceso que se hará de forma progresiva desde 2017 y que culminará en 2019.

Las nuevas competencias supondrán el próximo año un coste de 8,3 millones de euros para la Diputación y de 6,3 millones para el Ayuntamiento.

El diputado general de Álava, Ramiro González, y el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, junto con los responsables del área de Servicios Sociales de la institución foral, Marian Olabarrieta, y del Ayuntamiento, Peio López de Munain, han rubricado este convenio marco de cooperación que era necesario ejecutar en cumplimiento del decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios del Gobierno Vasco que entra en vigor el 26 de diciembre.

El acuerdo contempla que el Ayuntamiento de Vitoria se hará cargo en 2019 de la competencia del servicio de ayuda a domicilio de las personas en riesgo de dependencia y del programa de apoyo a personas cuidadoras de dependientes, competencias que hasta ahora estaban en manos de la Diputación.

La institución foral, por su parte, se encargará de las competencias de las plazas de personas mayores dependientes de la residencia San Prudencio.

En 2019 el Instituto Foral de Bienestar Social habrá asumido la gestión de las 99 plazas residenciales, 40 de centros de día y otras 40 de los que funcionan los fines de semana.

Además, la Diputación gestionará los tres hogares destinados a niños y adolescentes en situación de desprotección, los centros residenciales para personas en situación de exclusión y asumirá el convenio de colaboración con la comisión ciudadana antisida de Álava.

También serán de su competencia el centro de acogida inmediata para mujeres e hijos víctimas de la violencia machista y el servicio de atención sociojurídica y psicosocial a estas víctimas.

Asimismo de la Diputación dependerá el servicio de transporte adaptado.

González ha destacado que el objetivo de esta reordenación de competencias redundará en la mejora de la atención a los usuarios de los servicios sociales, mientras que Urtaran ha calificado el acuerdo de "histórico" porque permite reorganizar estos servicios y avanzar en la coordinación y colaboración interinstitucional.