El Correo

Madrid, 29 nov (EFE).- El Defensor del Pueblo "sugiere" que se revoque la sanción de 601 euros dictada por la Delegación del Gobierno del País Vasco a un periodista de Argia por publicar en su cuenta de Twitter la foto de una operación policial "sin autorización" el pasado 3 de marzo.

Lo hace en el escrito de respuesta a la queja presentada por la La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) que el pasado 23 de mayo denunció ante esta institución las sanciones que se están imponiendo en aplicación de la llamada "ley mordaza" a varios periodistas por sus labores informativas.

El Defensor del Pueblo señala en el escrito que los límites al ejercicio de derechos fundamentales, como es la libertad de información, "deben ser establecidos, interpretados y aplicados de forma restrictiva y no deben ser más intensos de lo necesario para preservar otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos".

Es decir, añade la institución, deben responder al "principio de proporcionalidad" y mostrar "una motivación suficiente".

Sin embargo, según el Defensor, en la resolución sancionadora de la Delegación del Gobierno del País Vasco "no se hace ningún juicio de proporcionalidad, ni se motiva la constitucionalidad de la sanción impuesta, ni siguiera se considera que pueda existir una limitación o afectación de un derecho fundamental".

"La aplicación del régimen sancionador de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, no puede prescindir de la circunstancia de que los ciudadanos a los que se imputa la infracción estén ejerciendo un derecho fundamental", apunta la institución.