El Correo

Bruselas, 19 oct (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha desestimado hoy un recurso de casación de la Diputación Foral de Bizcaya y ha validado así la decisión de la Comisión Europea (CE) que declaraba ilegales unas ayudas concedidas en 2006 en el sector de la construcción.

La Diputación vizcaína pidió en 2012 impugnar la decisión del Ejecutivo comunitario ante el Tribunal General de la Unión Europea (UE), que en 2015, desestimó el recurso, lo que llevó a Bizkaia a poner un recurso de casación ante el TJUE para que se anulase la sentencia del Tribunal General.

La máxima corte europea ha respaldado hoy la posición del Tribunal General con un auto en el que da la razón a la CE, que consideraba ilegales dichas ayudas por haberse concedido sin notificarlo previamente a Bruselas como exigen las leyes comunitarias.

La decisión concierne en concreto a dos convenios firmados en 2006 entre la empresa pública Bizkailur, controlada al 100 % por la Diputación vizcaína, y la propia institucion foral, y, por otra parte, entre la compañía Habidite, el grupo empresarial Afer y el grupo Habidite.

Según estos convenios, se crearía una fábrica de Habidite para la producción de módulos de construcción en Alonsotegi (Bizkaia) y a su vez la Diputación vizcaína se comprometía a comprar a Habidite un determinado número de viviendas para venderlas después como viviendas sociales.

El primer acuerdo establecía que Bizkaia y Bizkailur comprarían un terreno y lo adaptarían para uso industrial, para luego transferir la propiedad a la factoría de Habitide por un precio equivalente al coste efectivo asumido por Bizkailur.

El segundo convenio preveía que Bizkaia comprara a Habidite un total de 1.500 viviendas que luego se venderían a un precio establecido por el Gobierno Vasco.

En 2009, España informó de estos convenios a la CE, que inició una investigación en la que se concluyó que los acuerdos suponían ayudas de Estado ilegales.

Bruselas dudaba de las condiciones de devolución de los gastos efectuados por Bizkailur para la adquisición y adaptación de los terrenos, así como de las condiciones de compra y venta de las 1.500 viviendas.

La Comisión especificó que la ayuda relativa a los suelos sí era compatible con el Derecho de la UE, pero solo hasta un importe de 10,5 millones de euros.

En su auto de hoy, el TJUE ha rechazado los argumentos de Bizkaia, que defendía que era erróneo referirse a "ayuda ilegal" puesto que las ayudas no fueron ejecutadas antes de la notificación a la CE.

La corte ha recordado que la concesión de esta asistencia debe notificarse siempre previamente a la CE y que el Estado miembro no puede ejecutar las medidas proyectadas antes de que Bruselas dé su visto bueno.

Ha explicado que la ayuda establecida en un convenio puede considerarse concedida en la fecha de la firma si el firmante se compromete a concederla de forma incondicional.

En este sentido, ha señalado que los acuerdos en cuestión contenían este tipo de compromiso incondicional una vez que Bizkailur ya había adquirido terrenos antes de la notificación.

Por otra parte, la corte ha desestimado el argumento de la Diputación basado en que la CE no requirió a las partes que formulasen sus observaciones y, por tanto, no tuvo derecho a la defensa.

El TJUE ha resuelto que el Ejecutivo comunitario no está obligado a pedir a las partes su opinión.