El Correo

París, 18 oct (EFE).- El Tribunal de Apelación de Pau rechazó hoy la orden de arresto europeo emitida por la Audiencia Nacional española contra Emilie Martin por su apoyo a los presos de ETA, informaron a Efe fuentes judiciales.

Los jueces han atendido las recomendaciones de la Fiscalía, que consideraba que la euroorden se refería exclusivamente a hechos acaecidos en Francia, por lo que no se justificaba su entrega.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que los magistrados consideraron que los hechos que se le imputan "no tienen ningún carácter delictivo" en Francia.

En particular, en la demanda de entrega de España no figuraban ni fechas ni acciones concretas para apoyar la euroorden, al tiempo que señalaron que "la pertenencia a la asociación Herrira" no está prohibida ni en Francia ni en España.

Precisamente la pertenencia a Herrira, organización de apoyo a los presos de ETA, había justificado la demanda de entrega del juez de la Audiencia Nacional española.

La Fiscalía del Tribunal de Apelación ya se había pronunciado en contra de la entrega, entre otras cosas porque en la euroorden, emitida el pasado 22 de abril, "no se indicaba su nivel de implicación" en los delitos por los que la justicia española la reclama para juzgarla.

Fue inculpada de diversos delitos de participación y colaboración con una organización terrorista por su vinculación con Herrira, en particular en la celebración de actos de homenaje a etarras.

La decisión del Tribunal de Apelación de Pau puede ser ahora recurrida ante el Supremo.

Emilie Martin, que en 2013 se negó a presentarse a una convocatoria de la Audiencia Nacional, es hermana de Aurore Martin, condenada en diciembre del pasado año en el macroproceso en Madrid contra las cúpulas de Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV).

Aurore Martin, que es también francesa y que en 2012 durante meses eludió la acción de la justicia antes de ser detenida y entregada a España, como los otros 35 acusados de ese juicio, negoció con la Fiscalía una pena que no implicaba el ingreso en prisión a cambio del reconocimiento de su integración en una organización terrorista.