Santo Domingo, 22 feb (EFE).- Amnistía Internacional (AI) exigió hoy a las autoridades de la República Dominicana el cese de las torturas que practican supuestamente agentes de la Policía Nacional, a la que acusa de "terribles niveles de abuso", incluidos malos tratos y homicidios.
La Convención de la ONU contra la Tortura entrará en vigor mañana en la República Dominicana tras su ratificación por las autoridades, y con este motivo AI reclamó el fin de la "vergonzosa práctica de abusos policiales".
El asesor especial de AI Javier Zúñiga elogió la ratificación del tratado, pero agregó que "las autoridades del país, y en particular la Policía Nacional, deben terminar de una vez por todas con prácticas de abuso que existen desde hace decenios", según un comunicado.
AI recordó que, según la Procuraduría General, la policía mató a 289 personas en 2011, frente a las 260 del año anterior, y subrayó que más de una décima parte de los homicidios registrados en el país en 2011 fueron cometidos por la policía.
Personas que no son acusadas formalmente ni están condenadas son sometidas con frecuencia a detención y tortura por la Policía, indicó hoy la organización de defensa de los derechos humanos.
Citó como ejemplo el caso de Denis Antonio González, detenido en julio de 2009 por agentes en Monte Plata, a unos 50 kilómetros al norte de Santo Domingo, durante la investigación del supuesto secuestro de Jacinto Reinaldo Gimbernard Pratt, profesor e hijo de un intelectual dominicano.
Según AI, González fue colgado de un árbol y golpeado y después permaneció bajo custodia durante doce días, sin comer y recibiendo más golpes.
La víctima denunció que le introducían la cabeza en fundas, le echaban gas pimienta a los ojos y a veces le sometían a corrientes eléctricas, agregó la organización.
González quedó en libertad sin cargos después de que Jacinto Reinaldo Gimbernard Pratt fuera encontrado con vida y negó haber sido secuestrado.
El organismo añadió que las autoridades dominicanas tendrán que investigar las denuncias de tortura y garantizar que las víctimas de abuso dispongan de reparación y rehabilitación médica y psicológica. EFE
