La Paz, 9 feb (EFE).- El Congreso boliviano aprobó hoy la ley de consulta a indígenas sobre la construcción de una carretera en el parque Tipnis, a la que se oponen etnias que acusan al presidente Evo Morales de provocar un riesgo de etnocidio al retroceder en la protección de esa reserva.
La mayoría de los diputados, del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), aprobó la norma, tras haber hecho lo propio el Senado el pasado martes, informó el Congreso.
La ley permite una "consulta previa" sobre la carretera, pese a que fue contratada hace años, y es fruto de un acuerdo entre el MAS e indígenas y productores de coca afines a Morales que realizaron una contramarcha de 42 días para pedirle que anule la ley que veta esa vía entre las regiones de Cochabamba (centro) y Beni (noreste).
Morales firmó en octubre la primera ley, presionado por nativos de la Amazonía que marcharon durante 66 días hasta La Paz para rechazar las obras, financiadas por Brasil, en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), situado en el centro del país.
El diputado indígena Pedro Nuni dijo en su discurso que nunca aceptarán la vigencia de la nueva ley porque la consulta permitirá que la carretera divida por la mitad el Tipnis y aseguró que están dispuestos a dar sus vidas para defender la reserva ecológica.
Los indígenas contrarios a la ruta y legisladores opositores, que son minoría en el Congreso y hoy provocaron incidentes menores para intentar frenar la sesión, denuncian también que la obra vial permitirá la expansión de cultivos de hojas de coca y abrirá las puertas del parque natural al narcotráfico.
El presidente Morales sigue siendo líder de sindicatos de cultivadores de coca del Chapare, región vecina al Tipnis.
Nuni también anunció en una rueda de prensa que la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), que agrupa a 34 etnias, presentará una denuncia contra Morales ante el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el argentino Santiago Cantón.
La denuncia, según Nuni, señalará "violaciones a los derechos contenidos y protegidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos referidos a la propiedad colectiva indígena y un riesgo de etnocidio de las comunidades de los pueblos yuracaré, chimán y mojeño-trinitario que viven en el parque".
Además, la Cidob, que organizó la caminata original, ha amenazado con realizar una nueva marcha para evitar que la aplicación de esa consulta derive en la construcción de la carretera. EFE
